Foto: Olmo Calvo

ANONYMOUS. La máscara de este grupo de hackers es una constante en todo tipo de manifestaciones.

El 1 de marzo fue, para el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, un “día de celebración”. El motivo, la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Comisión de la Propiedad Intelectual, que desarrolla la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía sostenible, más conocida como Ley Sinde-Wert. “Entró en vigor el año pasado, pero hacía falta el reglamento que es lo que le da virtualidad práctica”, explica el abogado David Maeztu. Y no es el último requisito para poner en marcha la maquinaria; a día de hoy, no ha salido en el BOE quiénes componen esta comisión, por lo que técnicamente aún no está funcionando.

Antes de que se aprobara el reglamento, los internautas han demostrado la ineficacia del mismo para parar el hábito de compartir contenidos. En septiembre, el abogado especialista en propiedad intelectual David Bravo, aprovechó una conferencia enmarcada dentro del Festival de Cine de San Sebastián para realizar un experimento, al que llamó #tablaSinde. Bravo lanzó un mensaje en Twitter pidiendo que los internautas accedieran a un documento colaborativo creado previamente en Google Docs y que pegaran en él enlaces a películas. En apenas unos minutos, cientos de personas añadieron contenido a través de un servicio legal. Es decir, crearon una página en unos pocos minutos susceptible de ser cerrada por la Comisión Segunda.

Pero las críticas a esta Ley van más allá de su ineficacia técnica. El músico Eme Navarro (@emenavarro) advierte que es “una Ley que actúa contra los enlaces y que establece que no es necesario que haya ánimo de lucro: es una Ley contra la esencia misma de internet”. Para el creador supone también “un intento más de la industria del copyright de convertir internet en una televisión pasiva, en donde seas absorbedor de contenidos, y no creador ni emisor”. Para David Maeztu (@davidmaeztu) es “un

“Es un intento más de convertir internet en una televisión pasiva, donde
absorbas contenidos, no los emitas ni los crees”

ataque a la libertad de comunicación y por tanto a la libertad de expresión y su limitación no pasa por la tutela judicial deseable”. A nadie se le escapa tampoco la filtración de Wikileaks que desveló las maniobras de la embajada estadounidense para que se aprobara la Ley.

El establecimiento de una comisión compuesta por funcionarios de diferentes Ministerios, con capacidad para desconectar páginas para los internautas españoles, sin la tutela efectiva de un juez, ha sido calificada por colectivos como Red-SOStenible (@RedSostenible) y Hacktivistas (@hacktivistas) como “una justicia paralela, sin las garantías de la justicia ordinaria, al servicio de la industria del entretenimiento”.

Insumisión de Wertdeenlaces
Red-SOStenible y Hacktivistas, dos de los colectivos más beligerantes contra la Ley, prepararon para el día de entrada en vigor del reglamento una iniciativa de desobediencia civil en internet. La acción consistió en que cientos de páginas enlazasen contenido protegido sin la autorización del titular de los derechos y que aceptasen ser denunciadas por el mismo. “El objetivo es aprender cómo funciona la comisión segunda y demostrar que la ley tiene un alcance más amplio, denunciando masivamente conductas que en principio no infringen la Ley de propiedad intelectual como es enlazar”, explica Maeztu.

Las cientos de webs adheridas a la campaña han enlazado, sin su permiso, una canción con copyright del artista Eme Navarro. El día 1 de marzo, a las 9h, el músico se presentó en el Ministerio para denunciar estas 200 páginas. “Es una forma de visibilizar y poner sobre la mesa el debate sobre la ineficacia e injusticia de la ley”, aclara Eme Navarro.

La acción Wertdeenlaces pretende poner a prueba, impugnar y colapsar el trabajo de la Comisión de la Sección Segunda

Con esta acción pretenden “adelantarse a la industria del copyright y presentar una denuncia de cientos de webs de ciudadanos, asociaciones o cualquier tipo de entidad que han decidido desobedecer a la ley Sinde-Wert, creando una plataforma de afectados por dicha web que pueda gestionar la represión digital que supone esta Ley”, explican desde Hacktivistas. Desde el colectivo se apunta que “todo el proceso de represión se va a publicitar de forma transparente”. Por último, la acción puede servir de “ataque DDoS jurídico”(saturación por exceso de peticiones) ya que el procedimiento para cerrar estas webs puede colapsar la capacidad de la comisión y funcionarios.

¿Cómo funciona la comisión?
David Maeztu aclara que la comisión no sanciona económicamente. “Esto es un procedimiento de salvaguarda de derechos, no de atribución de responsabilidades (no es un procedimiento sancionador ni cautelar)”. Se trata de que desaparezca de la realidad una situación que desde el punto de vista del denunciante es ilegal.

El procedimiento puede iniciarse contra cualquier responsable de un servicio de la sociedad de la información (administrador web) que haya sido llevado ante la Sección Segunda por alguien que crea que están vulnerado sus derechos de propiedad intelectual.

La comisión requerirá que retire voluntariamente y en 48 horas los contenidos señalados por el titular de los derechos –que casi nunca es el creador, sino las editoriales– y que consideran infractores. Si el denunciado retira los enlaces, el procedimiento se archiva, pero el reglamento dice que esa retirada voluntaria tendrá valor de reconocimiento implícito de que estaba infringiendo derechos de propiedad intelectual. Ese reconocimiento puede ser usado en su contra si le interponen una demanda para reclamarle la correspondiente indemnización por esa infracción ya reconocida.

En caso de negarse a retirarlo, la comisión puede contactar con el servicio de alojamiento de la página (si éste está domiciliado en el Estado) para que lo elimine o bien con los proveedores de acceso a la red de ámbito estatal para que lo desconecten a sus clientes. El juez aparece en caso de que esto no se cumpla, pero sólo para emitir un mandato judicial que obligue a hacer lo que la comisión ha considerado.

Según explica David Maeztu, la Sección Segunda tiene la capacidad de decir quién vulnera, pero no de decidir quién es responsabilidad de la vulneración. “Es como si mi hijo rompe un cristal jugando con la pelota, yo como padre puedo pagar el cristal, pero eso no quiere decir que yo lo haya roto”. El abogado aclara que la comisión ordena que no se pueda acceder a esa web o que ese contenido no siga ahí, pero no sanciona, eso se de- terminará en un proceso civil donde se juzgará si la ilegalidad la comete quien sube el contenido protegido o quien replica el enlace.

Dos recursos en el Supremo
La ley Sinde-Wert arrastra un par de recursos de inconstitucionalidad admitidos a trámite por el Tribunal Supremo, uno presentado por la Asociación de Internautas y el otro por la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y la Red de Empresas de Internet (REI) .

La Asociación de Internautas advierte de las graves consecuencias que puede tener la puesta en marcha de una Comisión de Censura para los derechos fundamentales si sus límites no están perfectamente definidos. Coinciden con Adigital y REI en señalar en la demanda que la actual redacción del artículo dota a la Administración “de un mecanismo para suspender o cerrar una web, un servicio o retirar contenidos sin intervención de ningún órgano judicial”,

Los recursos al Tribunal Supremo denuncian las consecuencias de no disponer de tutela judicial y la inseguridad jurídica

con lo que se vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva. Además, desde Adigital y REI se apunta que la comisión “causaría un grave daño al desarrollo de empresas e iniciativas de toda índole con base tecnológica” debido a la “inseguridad jurídica” que genera.

LOS OPERADORES EUROPEOS BLOQUEAN EL TRÁFICO P2P Y LA VOIP
BEREC (European Regulators for Electronic Communications) ha enviado a la Comisión Europea sus hallazgos preliminares en cuanto al tráfico en internet gracias a la recogida de datos de más de 400 operadores y organizaciones de consumidores. La neutralidad de la red continúa comprometida: la práctica más frecuente es el bloqueo o limitaciones en el tráfico P2P, así como en la voz sobre IP (VoIP), a través de lo que se conoce como Deep Packet Inspection (DPI).

EL MANUAL DE DESOBEDIENCIA A LA LEY SINDE, DISPONIBLE EN DIAGONALPERIODICO.NET
Realizado por Hacktivistas.net (con el apoyo de DIAGONAL y la editorial Traficantes de Sueños), los usuarios y webmasters encontrarán los métodos más útiles para sortear las barreras de la censura gubernamental. Este manual tiene el objetivo de demostrar la ineficacia radical de la Ley Sinde desde un punto de vista práctico. En la web de DIAGONAL puedes adquirir una copia del manual en papel y también descargarlo gratuitamente en PDF.

GOOGLE, MICROSOFT Y NETFLIX PROPONEN IMPLEMENTAR CENSURA EN NAVEGADORES
Google, Microsoft y Netflix van a proponer a la World Wide Web Consortium (W3C) implementar un sistema anticopia en cada navegador de internet, que filtre directamente los contenidos con derechos de autor. Es decir, censura de fábrica, sin intermediarios. Además, los mismos que han sugerido este método para reducir la piratería admiten que este sistema podría ser añadido directamente al hardware, con lo que en ese punto sí estaría oculto al usuario y sin posibilidad de saltárselo.