Madres y mujeres siguen uniendo sus fuerzas contra la aceptación por los juzgados de un trastorno acientífico.
- Foto: David Fernández
Raquel es una madre que está luchando
por la custodia de sus hijos.
Pero si los jueces siguen como hasta
ahora, su hija Noelia podría ser entregada
a la familia de su progenitor,
que, presuntamente, ha abusado de
ella. Es un caso más de la aplicación
del mal llamado Síndrome de
Alienación Parental (SAP) por tribunales
españoles en litigios por la custodia
de menores cuando se ha denunciado
violencia de género o, incluso,
abusos sexuales por parte de
uno de los progenitores.
Tal supuesto síndrome –cuyo nombre
original fue “síndrome de la madre
maliciosa”– consiste en culpar a
la madre de lavar el cerebro al menor
para que rechace estar con el progenitor.
Para contrarrestar dicha manipulación,
sus apologetas incluso recomiendan
al tribunal dejar al menor
bajo la custodia del acusado de abuso.
El inventor de esta teoría fue Richard
Gardner, un psiquiatra estadounidense,
acusado de pederastia,
que se suicidó en 2003 antes de ser
condenado. Aunque el SAP no ha
sido reconocido como trastorno –por
ejemplo la Organización Mundial de
la Salud o la Asociación de Psicólogos
Americana, instituciones de referencia
internacional, lo ignoran–, algunos
jueces españoles le han dado
validez. No sólo aceptan informes en
los que se alega la existencia del SAP,
sino que, en base a éstos, llegan a retirar
la custodia a las madres.
Esta vez es Raquel la “madre maliciosa”.
Se quedó embarazada, explica,
durante una relación que mantuvo
a escondidas debido a que ella ya
era madre soltera y la familia de él
muy conservadora. Cuando su pareja
supo del embarazo, decidió poner fin
a la relación y no reconocer a Noelia
como hija. Cuando la niña tenía dos
años, Raquel consiguió que las pruebas
genéticas le dieran la razón y él
tuvo que asumir su paternidad. Firmaron
un convenio regulador con régimen
de visitas y pensión de manutención.
Un año más tarde Noelia empezó
a quejarse de infecciones vaginales
y anales que fueron achacadas
entonces a la falta de higiene en el
baño del colegio. Cuando la niña tenía
cinco años le contó a Raquel que
su padre la tocaba.
“Sácame de aquí”
Fue en un hospital de Madrid donde
recomendaron a Raquel que lo
denunciara en el Grupo de
Menores de la Policía Nacional
(Grume). Desde ese momento,
Raquel, que prefiere no dar su apellido,
comenzó a incumplir el régimen
de visitas para proteger a su
hija. Por estos desacatos a la decisión
judicial ha tenido que hacer
frente a numerosas multas económicas.
Pese a las declaraciones de
la niña y de las infecciones tras su
estancia con su padre, el juzgado
decidió imponer un régimen de visitas
tuteladas en un Punto de Encuentro
Familiar (PEF). Al principio
Noelia entraba obligada, pero
con el tiempo se negó en rotundo a
asistir a esos encuentros.
Al cabo de treinta
minutos, la niña salió del
edificio corriendo y
gritando “vámonos,
sácame de aquí”
El domingo 25 de septiembre,
Noelia debía ser entregada a la abuela
paterna, aunque el tribunal impuso
la condición de que el progenitor no
pernoctara bajo el mismo techo. Una
decisión judicial que no sólo implicaba
la separación de la madre, sino
también separarse de su hermana
mayor, cambiar de colegio, de grupo
de amigas y de psicóloga. Para solidarizarse
con Raquel y Noelia un grupo
de unas 30 personas se concentraron
junto a la puerta del Punto de Encuentro
Familiar. Noelia entró nerviosa
de la mano de su hermana y de
su tía, pero al cabo de 30 minutos la
niña salió del edificio corriendo y gritando
“vámonos, sácame de aquí”.
Finalmente pudo regresar a casa a la
espera de una nueva notificación, pero
ahora ésta ya tiene fecha: el 9 de
octubre. Al cierre de esta edición
Raquel desconocía si es para una visita
o para la entrega definitiva.
Hasta el día de hoy, las denuncias
por los abusos sobre la menor han
sido archivadas de manera provisional
tanto por un Juzgado de Primera
Instancia como por la Audiencia
Provincial. Y el abogado del progenitor,
por su parte, seguirá utilizando
el SAP para explicar el rechazo
de la niña a ver su padre. Aunque el
juzgado, en sus autos, no nombra
específicamente dicho trastorno, lo
menciona con eufemismos como
“graves interferencias de la madre”.
Fátima Urzanqui, una de las psicólogas
que fue a la concentración de
solidaridad, destaca que “al no permitir
pernoctar al progenitor en la
misma casa, se puede entender de
forma tácita que es un riesgo para la
menor; pero no se puede controlar
si duerme o no”. Y remacha, “además,
es absurdo pensar que los
abusos sólo se pueden producir de
noche”.
El pasado noviembre cuatro mujeres
con circunstancias similares
protagonizaron un encierro de
protesta en Madrid y realizaron diversas
actividades para sensibilizar
y visibilizar esta situación.
Pero “el sufrimiento y el desgaste
que este tema produce evita que
pueda haber la unión necesaria
entre las mujeres afectadas”, se lamenta
una de ellas que prefiere
ocultar su nombre. Sin embargo,
siguen teniendo fuerzas. Las tres
decenas de personas que apoyaron
aquel domingo a Raquel y a
Noelia fueron convocadas sin organizaciones
intermediarias.
Raquel y Noelia siguen en la cuerda
floja, al igual que los –al menos–
200 casos de menores más en el
Estado español en cuyas sentencias
se aplica el SAP, según los últimos
datos del informe del Observatorio
de Violencia de Género del Consejo
General del Poder Judicial. “Pero
–se interroga Urzanqui– ¿cómo va a
reparar el sistema judicial el daño
causado a estos menores?”
«CONSTRUCTO PSEUDOCIENTÍFICO»
Tras el encierro el pasado noviembre en Madrid de varias mujeres para llamar la atención sobre su situación, sus propuestas «no se han conseguido«, confirma Teresa --nombre ficticio de una de las madres que participó en él--.
Reclamaban, entre otras cosas, incluir en la Ley contra la Violencia de Género a los menores como víctimas directas de tal violencia, «la retirada de la patria potestad al maltratador» tras sentencia firme y que no se admitan teorías acientíficas en procedimientos judiciales de malos tratos o abusos.
Por su parte, el extinto Ministerio de Igualdad comenzó una investigación que terminó publicando el Ministerio de Sanidad, llamada «Informe sobre el supuesto Síndrome de Alienación Parental».
Este trabajo, realizado por expertos y profesionales en temas psicológicos y jurídicos, pretende «desbrozar el intrincado constructo pseudocientífico que tanta repercusión está teniendo en la vida social».
A modo de conclusión, presenta una serie de recomendaciones dirigidas entre otros al Ministerio de Justicia, a quien sugiere dar formación a equipos forenses y psicosociales.
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