AGRESIONES // MUCHAS NO SON DENUNCIADAS
Víctimas del odio: ninguneo y desamparo

La escasa atención que el Estado español presta a la
creciente violencia y discriminación por motivos “de
odio” tiene una cruda traducción para sus víctimas

10/06/09 · 0:47

Si en otros países las leyes contra
la difusión del racismo y el
fascismo son contundentes, y es
la propia Administración quien
recopila los datos sobre sus actividades,
en el Estado español las
cifras y las investigaciones las
recogen organizaciones sociales.

Así, recientemente la ONG
Movimiento Contra la Intolerancia
ha publicado su Informe
Raxen. Racismo, xenofobia, antisemitismo,
islamofobia, neofascismo,
homofobia y otras manifestaciones
de intolerancia a
través de los hechos, en el que
estudia los llamados crímenes
de odio y las actividades de grupos
racistas y fascistas.

Este informe estima que cada
año se producen cerca de 4.000
agresiones, muchas de ellas sin
denuncia y sin publicidad, pues
no existe ningún tipo de protocolo
para detectarlas ni para
proteger a sus víctimas. Esto
provoca en las personas agredidas
una sensación de indefensión
y desprotección, por lo que
muchas veces prefieren callar.

Según la ONG, las leyes europeas
son claras en este sentido,
y exigen a los Estados miembros
de la Unión que se tomen
en serio estos ataques, pero, lejos
de cumplirlo, el Estado español
mantiene el discurso de las
“tribus urbanas” para referirse a
la extrema derecha. La Administración
reduce el antifascismo
a posiciones “antisistema”,
cuando en otros países, como
Alemania, hasta la derecha liberal
sale a protestar contra las
manifestaciones neonazis. La
criminalización del antifascismo
responde a la estrategia de
negar el problema. Pero las víctimas
tienen una visión bastante
distinta a la de los políticos.

Según el Movimiento Contra
la Intolerancia, algunas víctimas,
como los inmigrantes sin papeles,
evitan denunciar para no enfrentarse
a un proceso de expulsión;
los homosexuales, para no
desvelar su orientación sexual, y
muchas otros víctimas, que carecen
de información y de recursos,
o tienen un cuadro familiar
complicado no encuentran apoyos
que les permitan afrontar
un proceso judicial y el trauma
que produce haber sido agredido.

Además, cuando denuncian,
en muchos casos, se encuentran
con la mala disposición de los
funcionarios, que demasiadas
veces no recogen la motivación
de las agresiones, quedando todo
como una simple pelea. Tampoco
existen medidas que protejan
la identidad y garanticen la
protección de la víctima. Así, la
Unión Progresista de Fiscales,
en su congreso celebrado en
mayo, el Movimiento Contra la
Intolerancia y organizaciones
de derechos humanos han pedido
la creación de una Fiscalía
especializada en estos delitos.

También han criticado duramente
la escasa entidad, en
muchos casos, de las penas impuestas
a los agresores y la impunidad
de actos de difusión del
odio como las conferencias de
miembros del Ku Klux Klan o
antiguos SS. En los últimos años
han desfilado personajes condenados
en Austria, Alemania o la
República Checa por su apología
racista, como David Duke, David
Irving o Manfred Roeder.

Según el Informe Raxen, desde
1990 se han contabilizado
más de 80 víctimas mortales por
motivos de odio, y cada año y
prácticamente en todas las grandes
ciudades se repiten las “cacerías”
que protagonizan grupos
neonazis. Aunque las Fuerzas de
Seguridad han desarticulado organizaciones
neofascistas extremadamente
violentas de claro
tinte paramilitar, se sigue reduciendo
el problema a una cuestión
de orden público.

Un claro ejemplo es el País Valenciano,
donde organizaciones
políticas, culturales y sociales denuncian
que la impunidad está
enquistada desde hace ya 30
años. La extrema derecha local
se ensaña con sedes políticas,
centros sociales, sindicales, bares
alternativos o manifestaciones
nacionalistas. Así, en dos
años han explotado ya 15 artefactos,
sin que se haya producido
ninguna detención. Esta situación
ha llevado a más de 30
organizaciones y entidades a
crear, hace un año, la plataforma
Acció Popular Contra la
Impunitat
, para, entre otros objetivos,
poder personarse como
acusación en las denuncias. Para
esta plataforma, Valencia vive
una “situación extrema”.

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