PAÍS VASCO // UN CONCEJAL DE ANV FALLECIÓ DE UN INFARTO
Un verano de fiestas con antidisturbios y porrazos

El nuevo lehendakari afirmó que “estamos en el tiempo
de la concertación permanente”, sin embargo las cargas
policiales se han repetido en pueblos y ciudades vascas.

01/09/09 · 0:23
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Foto Etxerat

Quinientos mil euros es el presupuesto
que el nuevo Gobierno vasco
ha anunciado va a aportar para que
los ayuntamientos continúen retirando
las pancartas, carteles y pintadas
que, según el ejecutivo, dan “apoyo,
justificación o amparo de la violencia
terrorista”. Ésta es una prueba más
de la importancia que la nueva administración
autonómica concede a su
campaña de “tolerancia cero”.

Una campaña tanto autonómica
como estatal. Si durante todo el verano
la policía autonómica ha irrumpido
en los recintos festivos de pueblos
y ciudades vascas por orden de la
Consejería de Interior para arrancar
carteles y fotos de presos, por su parte
la Audiencia Nacional ha prohibido
actos incluidos en los programas
de las fiestas, como pregones o pasacalles,
que hasta ahora habían venido
desarrollándose con normalidad.

Un cambio de actitud que, según el
abogado Julen Arzuaga, de Behatokia,
observatorio de derechos humanos
de Euskal Herria, achaca a que
“el término terrorismo se ha extendido
para criminalizar actividades
transparentes y pacíficas”.

Hace unos meses Patxi López, actual
lehendakari del Gobierno vasco,
afirmaba en su Propuesta para el
diálogo y la convivencia en Euskadi,
publicada en su blog, que la sociedad
vasca quiere “un futuro compartido
y no un futuro en el que la mitad
de esta sociedad esté excluida”.

También recalcaba que “no estamos
en el tiempo de la confrontación permanente.
Estamos en el tiempo de la
concertación permanente”. Sin embargo,
en agosto, estas intenciones
dieron paso a declaraciones de otro
tipo: “La calle es el espacio de la libertad
y la convivencia, y por eso los
ciudadanos pacíficos y con ganas de
diversión vamos a demostrar que la
calle es nuestra”. El 5 de agosto, en
el principal acto institucional al inicio
de las fiestas de Gasteiz remachaba:
“Va a ser una dura batalla pero
la vamos a ganar”. Después, las
noticias sobre los incidentes acaecidos
en gran parte de las fiestas de la
comunidad autónoma vasca y de
Navarra se volvieron casi diarias.

Cambio de marco legal

En este nuevo escenario, la Audiencia
Nacional prohibió, en agosto, por
ejemplo, el pregón de las fiestas de
Gernika que iba a ser protagonizado
por el Gernika Rugby Club, porque
esta agrupación había invitado a participar
a Etxerat, una asociación de
familiares de presos vascos. También
vetó un pasacalles vespertino y
festivo en solidaridad con los presos
del pueblo. La Ertzaintza cargó violentamente
para disolver el acto, dejando
20 heridos y cuatro detenidos.

Una actuación policial que fue duramente
criticada por el alcalde de
Gernika, José M. Gorroño (Eusko
Alkartasuna), que la consideró un
“exceso” cometido en “un recinto festivo
lleno de personas de todas las
edades, que estaban tranquilamente
celebrando las fiestas”. Ante las
declaraciones del alcalde, el departamento
de Interior del Gobierno vasco
argumentó que los responsables
eran “quienes no cumplen la ley, no
acatan las disposiciones legales y
realizan actos ilegales”.

Este tipo de actuaciones policiales
son las que provocaron, según la izquierda
abertzale de Villabona, la
muerte de Remi Ayestarán, un concejal
de ANV que falleció de un infarto
tras la entrada, en el recinto festivo
del pueblo, de la Ertzaintza que,
supuestamente, le hostigó.

Las cargas policiales y los incidentes
se han repetido en pueblos y ciudades.
Así en Tafalla (Navarra), la
Guardia Civil entró en dos bares momentos
antes del chupinazo. O las
cargas acaecidas en las fiestas de
Donosti. La intervención policial se
produjo después de que el juez de la
Audiencia Nacional, Baltasar Garzón,
prohibiese dos manifestaciones
y cuando cientos de personas, la mayor
parte de avanzada edad, al igual
que en otras ocasiones, marchasen
por las calles de la ciudad en silencio,
portando las fotografías de familiares
y amigos presos.

Julen Arzuaga critica duramente
la actitud judicial de veto hacia unos
actos que se han celebrado de forma
similar durante años y sin ningún impedimento.
“Hay un principio básico
en derecho que es el de seguridad jurídica,
es decir, el ciudadano debe saber
en todo momento qué hecho es
delictivo y cuál no, qué está amparado
por la ley en el ejercicio libre de
derechos civiles o políticos. Es precisamente
uno de los principios que
dota a un Estado de derecho de tal
categoría, que le hace democrático.
Y cuando estos límites se desdibujan
estamos ante otra cosa”. Y respecto a
las prohibiciones de carteles con fotos
de presos vascos se pregunta: “Si
realmente fuera un delito, ¿no tendrían
que llevar al límite su persecución?
¿Se podría perseguir también a
los clientes de esos bares que recuerdan
a los presos por desobediencia,
o incluso por colaboración en un delito
de enaltecimiento?”. Y concluye:
“En este exceso en la interpretación
de lo que resulta delictivo, lo que hace
años nos hubiera parecido absurdo,
ahora ya no tiene límites o tiene
los que le parezcan oportunos al responsable
de Interior de turno”.

Colgar fotos de los presos y presas
de la localidad en los recintos festivos
es, según Marta Pérez, de la
comparsa bilbaína de Kobeta Mendi,
“una expresión de cariño. Estamos
hablando de nuestros comparseros
y comparseras que no pueden estar
en Aste Nagusia como han estado
otros años y que se encuentran a
cientos de kilómetros de sus familias
y amigos. Es una muestra de solidaridad,
con ellos y sus allegados”. En
Bilbo, la Ertzaintza, además de cargar
contra una manifestación que
había sido prohibida, entró, como ya
había sucedido en otras ocasiones,
en el recinto de txoznas para retirar
pancartas y fotos. Una entrada que
según Pérez, se efectuó “sin ninguna
orden en la mano, sin ningún auto
que diga que esto es ilegal. Para las
comparsas es importante remarcar
que no estamos hablando de ninguna
ilegalidad, sino de operaciones
políticas. Somos utilizados, porque
en verano la noticia está en las fiestas”.
Y remacha: “¿Dónde está el auto
de un juez que diga por escrito
que, efectivamente, poner fotos es
ilegal? No existe. Entre otras cosas,
porque ya les costará vestir la solidaridad
de ilegalidad”. De hecho en estas
fiestas, la presencia de carteles
de apoyo a los presos vascos, tanto
en el recinto festivo como en el
Casco Viejo de Bilbao fue masiva.

Los homenajes a presos fueron
también analizados por el Observatorio
Social del Proceso de Paz,
impulsado por Lokarri, la Red Ciudadana
por el Acuerdo, la Consulta
y la Reconciliación. En un informe
hecho en la primavera de este año
en base a un cuestionario realizado
a más de 700 personas y tras organizar
grupos de discusión locales de
observación del proceso de paz,
apreciaron que el 41% de las personas
preguntadas consideraban que
este tipo de homenajes son legítimos
si no incitan a la violencia. Un
36% valoró que son “inadecuados”,
ya que “provocan un malestar social
y pueden ser una afrenta por las víctimas
que han causado”. Finalmente
un 21% de las respuestas considera
que tienen el derecho a realizar los
actos de homenaje porque “no se
puede privar [a los presos vascos]
del cariño de familiares y amigos y
es un hecho que entra dentro de la
libertad de expresión”.

“VUELTA AL
PASADO”

Respecto de los acontecimientos
de este verano, Paul Rios,
coordinador de Lokarri, Red Ciudadana
por el Acuerdo, la Consulta
y la Reconciliación, afirma
que “nuestra sensación es que
estamos volviendo al pasado.
Por un lado, una nueva ofensiva
de ETA con su estrategia de
seguir apostando por la lucha
armada y por otro, una lucha
antiterrorista que toma atajos.
Tras la deslegitimación de la
violencia de ETA se cuelan
medidas que suponen un recorte
de los derechos humanos.
Como, por ejemplo, cuando una
reivindicación legítima como es
el acercamiento de los presos
se ha ligado al terrorismo”.


PINTADAS Y AMENAZAS FASCISTAS

“Vergonzoso”. Así califica Marta
Pérez, de la comparsa bilbaína
de Kobeta Mendi, el
hecho de que la txupinera de
las fiestas de Bilbao, que
todos los años es elegida por
las comparsas, haya sufrido
una campaña en su contra por
ser la hermana de un preso.
Una campaña en la que llegó
a recibir una carta con una bala
junto a su foto. Este tipo de
actuaciones han sido también
protagonistas este verano,
aunque con mucho menos
reflejo mediático. El Ayuntamiento
de Arbizu (Navarra),
gobernado por ANV, amaneció
lleno de pintadas con el símbolo
falangista del yugo y las
flechas y amenazas a concejales
y alcalde. Estas pintadas
se han repetido también en
monumentos que recuerdan y
homenajean a presos del franquismo,
como los del fuerte
Ezkaba o en la placa en recuerdo
a los fusilados de la
Guerra Civil en el cementerio
de Aizoáin. Algunos de estos
monumentos incluso han sido
tiroteados. Además, han aparecido
pintadas similares en
bares señalados por su solidaridad
con los presos vascos. La
asociación de víctimas del
Franquismo Ahaztuak 1936-
1977
ha denunciado su “total
impunidad”. El 28 de agosto
en el municipio gipuzkoano de
Tolosa aparecieron pintadas
fascistas en las tumbas de Lasa
y Zabala brutalmente asesinados
por los GAL en 1983.

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