El pasado 19 de abril, Héctor estuvo, 
como varios cientos de personas 
más, en un concierto organizado 
por el Ayuntamiento de Sevilla en 
la Alameda de Hércules. Cuando el 
evento terminó, un grupo de policías 
locales decidió disolver al público. 
Según relata el propio Héctor, 
se sintió intimidado por las “malas 
maneras” de los agentes y le pidió a 
uno de ellos el número de placa. La 
respuesta que obtuvo fue una multa 
de 150 euros “por la permanencia y 
concentración de personas que se 
encuentran consumiendo bebidas 
fuera de las zonas habilitadas al 
efecto. Se interviene una botella de 
Coca-Cola medio llena”. Hasta aquí, 
una situación habitual en las noches 
sevillanas. Tan habitual que hasta 
un juzgado de la ciudad ha condenado 
a un policía local por aplicar la 
ley antibotellón “de forma represiva 
y no preventiva” al pretender que, 
tras un concierto, el público congregado 
en una plaza la despejara 
en tres minutos.

Pero, según el relato de Héctor, 
esta vez los agentes se excedieron 
aún más: uno de ellos le gritó “eres 
un auténtico cabrón” y él le contestó 
“sinvergüenza”. En un momento 
había ocho policías empujándole e 
increpándole.

Aprender “la lección”

Entonces cometió lo que ahora llama “el acto más estúpido” de su vida: correr a la comisaría de la Policía Nacional situada a unos 50 metros. La primera reacción del agente que estaba en la puerta y al que le explicó la situación fue espetarle que “a denunciar te vas al Ayuntamiento”. Pero el joven aún así, insistió varias veces en entrar. Se le escapó un “joder, son todos iguales”. “El policía de la puerta me metió un empujón de órdago”. Otros dos agentes le agarraron y empujaron a los dos amigos que le acompañaban hacia fuera. Éstos pudieron ver cómo le cogían de un brazo y del cuello y se le llevaban al sótano.

Héctor cuenta que allí le ataron en cruz, con cintos en las manos, y dos policías le golpearon, increparon y escupieron durante media hora. “Vas a aprender a denunciar a la policía”, le decían mientras le enseñaban un objeto que daba descargas eléctricas. Asustado, rogó que le soltaran, lo que finalmente entre insultos hicieron los policías. No sin antes asegurarse de que hubiera “aprendido la lección”.

Nunca fue identificado por los 
agentes ni quedó constancia de su 
paso por comisaría, pero tiene testigos 
de lo que ocurrió en la puerta. 
Esa noche fue al hospital, del que 
tiene un parte de lesiones. Después 
denunció lo sucedido en un juzgado, 
con el apoyo de la Asamblea La 
Calle es de Todxs y los abogados 
del Grupo 17 de Marzo, tristemente 
especializados en estos abusos.

De hecho, estos colectivos han 
denunciado otros dos casos de personas 
que dicen haber sufrido malos 
tratos por parte de agentes nacionales 
en los últimos meses. El 
primero fue apaleado por estar sentado 
en la calle de madrugada, a juicio 
de una patrulla “demasiado cerca” 
de ellos, y pasó la noche en una 
comisaría en la que también asegura 
haber sido vejado. Y el otro, 
miembro activo de la citada Asamblea, 
fue abordado por dos policías 
secretas con la excusa de haber robado 
la bicicleta que conducía. A 
pesar de poder demostrar rápidamente 
que la había alquilado, fue 
detenido. Según su testimonio, no 
se identificaron como policías y su 
intento de huir de lo que pensaba 
era un robo ha pasado en la versión 
policial a ser considerado una 
agresión. Ambos detenidos se enfrentan 
ahora a juicios por atentado 
contra la autoridad, penados con 
entre uno y tres años de cárcel. 
Según el Grupo 17 de Marzo, la 
práctica sistemática de la Fiscalía 
sevillana frente a las denuncias policiales 
por atentado es no abrir diligencias 
previas y no investigarlas.

Héctor ha tenido más suerte: su 
denuncia ha sido admitida a trámite 
y el juez ha pedido a la Jefatura de 
Policía que identifique a los agentes 
que estaban en la comisaría aquella 
noche. Se les juzgará por un delito 
de detención ilegal, otro contra la 
integridad moral y otro de lesiones, 
basándose en el relato de Héctor, 
de sus amigos y las grabaciones de 
las cámaras de la puerta de la comisaría. 
Para su abogado, que la denuncia 
sea admitida ya es una buena 
noticia frente a la impunidad con 
que suele contar la policía en estos 
casos. Y lanza un reproche al Gobierno: 
si hubiera seguido las recomendaciones 
del relator de la ONU 
para los Derechos Humanos, habría instalado cámaras dentro de la comisaría 
y se habría grabado, si no 
evitado, lo que pasó en el sótano.