Investigan a agentes de la Policía Nacional de Sevilla por detener ilegalmente, humillar y golpear en una comisaría a un joven que había ido a denunciar el trato vejatorio sufrido a mano de policías locales.
El pasado 19 de abril, Héctor estuvo,
como varios cientos de personas
más, en un concierto organizado
por el Ayuntamiento de Sevilla en
la Alameda de Hércules. Cuando el
evento terminó, un grupo de policías
locales decidió disolver al público.
Según relata el propio Héctor,
se sintió intimidado por las “malas
maneras” de los agentes y le pidió a
uno de ellos el número de placa. La
respuesta que obtuvo fue una multa
de 150 euros “por la permanencia y
concentración de personas que se
encuentran consumiendo bebidas
fuera de las zonas habilitadas al
efecto. Se interviene una botella de
Coca-Cola medio llena”. Hasta aquí,
una situación habitual en las noches
sevillanas. Tan habitual que hasta
un juzgado de la ciudad ha condenado
a un policía local por aplicar la
ley antibotellón “de forma represiva
y no preventiva” al pretender que,
tras un concierto, el público congregado
en una plaza la despejara
en tres minutos.
Pero, según el relato de Héctor,
esta vez los agentes se excedieron
aún más: uno de ellos le gritó “eres
un auténtico cabrón” y él le contestó
“sinvergüenza”. En un momento
había ocho policías empujándole e
increpándole.
Aprender “la lección”
Entonces cometió lo que ahora llama “el acto más estúpido” de su vida: correr a la comisaría de la Policía Nacional situada a unos 50 metros. La primera reacción del agente que estaba en la puerta y al que le explicó la situación fue espetarle que “a denunciar te vas al Ayuntamiento”. Pero el joven aún así, insistió varias veces en entrar. Se le escapó un “joder, son todos iguales”. “El policía de la puerta me metió un empujón de órdago”. Otros dos agentes le agarraron y empujaron a los dos amigos que le acompañaban hacia fuera. Éstos pudieron ver cómo le cogían de un brazo y del cuello y se le llevaban al sótano.
Héctor cuenta que allí le ataron en cruz, con cintos en las manos, y dos policías le golpearon, increparon y escupieron durante media hora. “Vas a aprender a denunciar a la policía”, le decían mientras le enseñaban un objeto que daba descargas eléctricas. Asustado, rogó que le soltaran, lo que finalmente entre insultos hicieron los policías. No sin antes asegurarse de que hubiera “aprendido la lección”.
Nunca fue identificado por los
agentes ni quedó constancia de su
paso por comisaría, pero tiene testigos
de lo que ocurrió en la puerta.
Esa noche fue al hospital, del que
tiene un parte de lesiones. Después
denunció lo sucedido en un juzgado,
con el apoyo de la Asamblea La
Calle es de Todxs y los abogados
del Grupo 17 de Marzo, tristemente
especializados en estos abusos.
De hecho, estos colectivos han
denunciado otros dos casos de personas
que dicen haber sufrido malos
tratos por parte de agentes nacionales
en los últimos meses. El
primero fue apaleado por estar sentado
en la calle de madrugada, a juicio
de una patrulla “demasiado cerca”
de ellos, y pasó la noche en una
comisaría en la que también asegura
haber sido vejado. Y el otro,
miembro activo de la citada Asamblea,
fue abordado por dos policías
secretas con la excusa de haber robado
la bicicleta que conducía. A
pesar de poder demostrar rápidamente
que la había alquilado, fue
detenido. Según su testimonio, no
se identificaron como policías y su
intento de huir de lo que pensaba
era un robo ha pasado en la versión
policial a ser considerado una
agresión. Ambos detenidos se enfrentan
ahora a juicios por atentado
contra la autoridad, penados con
entre uno y tres años de cárcel.
Según el Grupo 17 de Marzo, la
práctica sistemática de la Fiscalía
sevillana frente a las denuncias policiales
por atentado es no abrir diligencias
previas y no investigarlas.
Héctor ha tenido más suerte: su
denuncia ha sido admitida a trámite
y el juez ha pedido a la Jefatura de
Policía que identifique a los agentes
que estaban en la comisaría aquella
noche. Se les juzgará por un delito
de detención ilegal, otro contra la
integridad moral y otro de lesiones,
basándose en el relato de Héctor,
de sus amigos y las grabaciones de
las cámaras de la puerta de la comisaría.
Para su abogado, que la denuncia
sea admitida ya es una buena
noticia frente a la impunidad con
que suele contar la policía en estos
casos. Y lanza un reproche al Gobierno:
si hubiera seguido las recomendaciones
del relator de la ONU
para los Derechos Humanos, habría instalado cámaras dentro de la comisaría
y se habría grabado, si no
evitado, lo que pasó en el sótano.
LA CALLE ES DE TODOS
La 7/2006 o ley antibotellón fue aprobada en el Parlamento andaluz hace tres años con los votos de la mayoría del PSOE y desde entonces, se aplica «a rajatabla en Sevilla», aunque sólo en algunas zonas, como la Alameda o el casco histórico, asegura Luis de los Santos, abogado y miembro del Grupo 17 de Marzo, lo que está provocando un aumento de las quejas por la actuación de los policías municipales y nacionales. En respuesta, una plataforma ciudadana -La Calle Es de Todxs- se ha conformado para defender «el libre uso de los espacios públicos».
El 9 de mayo convocó una concentración «Contra los abusos policiales» ante la comisaría de la Policía Nacional de la Alameda. Según afirman en un panfleto, «en los últimos meses nos han llegado diferentes denuncias de detenciones ilegales, lesiones y trato degradante por parte de un grupo de funcionarios» de dicha comisaría.
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