IMPUNIDAD // LA DENUNCIA LLEGA A LA UE
Valencia, “paraíso para los neonazis”

“Hay una impunidad sospechosa y todos somos víctimas
de esta situación”, denuncia la plataforma Acció contra
la Impunidad
que agrupa a organizaciones valencianas.

11/03/10 · 0:00
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Acciò Popular Contra la impunitat

“Todo Estado miembro está obligado
a castigar la incitación pública a
la violencia o al odio”. Es lo que acaba
de recordar la Comisión Europea
a las autoridades españolas.

En noviembre un eurodiputado de
CiU había preguntado al ejecutivo
comunitario, “con el fin de evitar que
Valencia siga siendo un paraíso para
los activistas neonazis”, si iba a adoptar
medidas contra el Gobierno español
por su “falta de firmeza ante la
ola de violencia, intimidación y atentados”.
A primeros de febrero, llegaba
la respuesta comunitaria a través
del vicepresidente de la Comisión y
responsable de Justicia, Jacques
Barrot. Éste afirmaba que el ejecutivo
comunitario no tiene competencias
“para actuar específicamente
contra el extremismo o los partidos
de ultra derecha” y añadía el suave
tirón de orejas de que “las autoridades
nacionales siguen siendo las responsables
de que se respeten y protejan
los derechos fundamentales”.

“Parte de la normalidad”

La iniciativa del eurodiputado de
CiU, venía a dar voz a las denuncias
de numerosos partidos políticos valencianos
ante la impunidad de los
ataques fascistas. Un mes antes, la
comitiva del Bloc Nacionalista Valencià
(BNV) había sido atacada por
medio centenar de ultras, el 9 de octubre,
durante los actos oficiales del
Día Nacional del País Valenciano,
ante la pasividad de la policía y pese
a haber pedido en días previos protección
policial por las amenazas recibidas.
Los altercados habían sido
minimizados por Ricardo Peralta,
delegado del Gobierno en Valencia y
la más alta representación del Gobierno
central: “Hay determinadas
actuaciones que, nos gusten más o
menos, forman parte de una normalidad”.
Si a esto le sumamos los ataques
con artefactos explosivos en
2007 contra la sede del BNV, el incendio
de su local en Benicàssim, en
Gandia, o las graves heridas que sufrió
una concejal durante un boicot
fascista a una manifestación, el Bloc
tiene motivos para enfadarse. Pero
no sólo este partido, sino prácticamente
toda la izquierda y el nacionalismo
valenciano. La sede del partido
ERPV sufrió un atentado con explosivos
en 2008 y fue atacada con
un cóctel molotov en 2009, ambos
todavía sin esclarecer. Por su parte
el local de la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR)
ha soportado
ya 11 bombas en tres años
sin que se haya producido ninguna
detención. Y el Centro Social La Quimera
ha presentado más de 20 denuncias
ante la policía por agresiones
y atentados. Ataques también a
la organización Intersindical Valenciana,
a locales de la izquierda independentista
o hasta a la misma universidad,
sitúan al País Valenciano
en el primer puesto en agresiones ultraderechistas
,
con el agravante de
que han quedado impunes.

Ante ello, diversas entidades y partidos
se han agrupado en la plataforma
Acció Popular Contra la Impunitat
. Según
un portavoz, “el discurso de las tribus
urbanas ya no cuela en Valencia;
sabemos que existe una impunidad
sospechosa y todos estamos siendo
víctimas de esta situación”. Y pone
como ejemplo la desarticulación en
2005 del Frente Anti-Sistema (FAS),
organización neonazi que vendía armas
y se dedicaba a organizar ‘cacerías’.
“Si no llega a ser por nuestra
personación como acusación popular,
el caso se hubiese archivado.
Esto demuestra, desde 2005, una dejadez
absoluta y una falta de interés
sospechosa en un caso gravísimo”.

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