ARGENTINA
Tucumán juzga a la dictadura

El año pasado, en la provincia de
Tucumán se desarrolló un juicio por
violaciones a los derechos humanos
cometidos por la Jefatura de Policía
durante la dictadura militar de Argentina.

19/05/11 · 8:00
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FOTO: Atilio Orellana.

El ex-jefe del Tercer Cuerpo del Ejército,
Luciano Menéndez, fue condenado a prisión
perpetua e inhabilitado indefinidamente.
También fueron condenados el exjefe de inteligencia
de la policía, Roberto Albornoz, y los expolicías
Luis y Carlos de Cándido, carceleros y
apropiadores de casas de los secuestrados. El
primero recibió 18 años de prisión, y su hermano,
tres de ejecución condicional.

Los cuatro fueron juzgados por la muerte y
desaparición de 22 personas. En esta causa también
estaba procesado Antonio Bussi, exjefe de
la 5ª Brigada del Ejército Argentino y gobernador
de facto entre 1975 y 1977, así como los represores
Mario Albino Zimmerman y Alberto
Luis Cattaneo, quienes fallecieron mientras se
desarrollaba el proceso. El primero fue excluido
del juicio por razones de salud.

Éste fue el primer juicio en Tucumán donde
se investiga la existencia de un centro clandestino
de detención. Además, se aportó una lista
con los nombres de los 293 cautivos, confeccionada
por los propios represores, de los cuales
195 figuran con la observación “DF”, abreviatura
de “disposición final”, un eufemismo para
indicar que fueron asesinados.

Los juicios, en los que hay 779 militares y civiles
acusados, fueron cancelados en 1987 por las
leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que
promulgó Raúl Alfonsín, seguidas por los indultos
decretados por Carlos Menem en los ‘90.

En 2005, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación declaró “constitucionalmente intolerables”
las leyes de amnistía, y en 2007 anuló todos
los indultos, gracias a lo cual los juicios se
reabrieron y tomaron impulso nuevamente.

Así, Argentina es el único país de Sudamérica
que, actualmente, juzga a todos sus dictadores
y represores de los años ‘70, a diferencia de
las amnistías adoptadas en Brasil, Uruguay,
Paraguay, Bolivia y Perú. Sólo en Chile se encuentran
abiertos procesos judiciales contra
exmilitares.

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