El lobby del fracking consigue que el Gobierno oculte un informe negativo del Instituto Geológico y Minero.
listadoPatricia Manrique
Aprodeme recopila casos de negligencia para presentar una querella contra el sistema de protección del menor.
La Fundación se retira de dos centros por no ser capaz de gestionarlos económicamente. Su director sigue fomentando el controvertido nicho de mercado del TDAH.
La fractura hidráulica entra en la legislación estatal “por la puerta de atrás” modificando una ley básica.
Un defensor del patrimonio rural señala que la nueva ley persigue la privatización de los bienes comunes y los servicios públicos.
El Gobierno pretende aprobar en noviembre la ley que podría ser el golpe definitivo al medio rural, esquilmando sus recursos y mermando la cantidad y calidad de los servicios. Hoy se debate en el Congreso con diez enmiendas a la totalidad.
Tras una sentencia del Tribunal Supremo, los jóvenes condenados por militar en Segi fueron protegidos por un muro popular, el Aske Gunea (“Espacio Libre”).
Testimonios de familias, abogados y técnicos ponen en evidencia las consecuencias de los múltiples defectos del sistema de protección del menor.
A las denuncias por torturas y expulsiones, que esbozan un dramático panorama en la frontera sur, se suma la segregación de los menores en el centro de La Purísima.
Juristas de diversos ámbitos manifiestan la necesidad de reformar la figura del indulto para evitar una discrecionalidad favorable a los círculos de poder.
Las CUP explican su visión y sus propuestas a nueve días de las elecciones al Parlamento catalán, que suponen su estreno más allá de la política municipalista.
Una separación, una situación económica difícil o que se disparen las alarmas del maltrato puede abrir un camino sin retorno para padres e hijos.
Igual que el argentino, el Gobierno español apoya, a juzgar por la cantidad de permisos concedidos para el fracking, un modelo extractivista con tintes de burbuja.
Texto de Patricia Manrique y Gabi Colomer
El 70% de las cárceles de menores están en manos de fundaciones privadas “sin ánimo de lucro” que reciben cada día entre 300 y 500 euros por menor.
La Fundación O’Belén, que gestiona centros cerrados de menores en diversas comunidades, pasa por dificultades. El Colectivo No
a O’Belén ha denunciado repetidamente los métodos de esta fundación.