La convocatoria, impulsada por No Somos Delito, se traslada al Ateneo de Madrid, donde partidos y organizaciones sociales formalizarán su compromiso para la derogación de la Ley Mordaza en la próxima legislatura.
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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el decreto que permite a las universidades ofertar grados de tres años más dos años de máster.

Un auto del juez Andreu imputa a consejeros y directivos de la entidad financiera por apropiación indebida y administración desleal más de un año después de que 15MpaRato y Partido X filtraran los correos de Blesa.

Los activistas interrumpieron un discurso de Urkullu sobre desarrollo sostenible en un acto oficial celebrado en noviembre de 2014.

Alrededor de 250 niños son devueltos cada semana a Honduras tras ser deportados desde Estados Unidos y México.

Tras la Ley Mordaza, el Gobierno profundiza la escalada punitiva con la reforma del Código Penal, un texto al que se han presentado 888 enmiendas.

Vías de actuación, en la calle y en las instituciones judiciales, para conseguir tumbar la futura Ley de Seguridad Ciudadana.

Legal Sol ha interpuesto hasta ahora alrededor de cien recursos o demandas contra sanciones.

El médico firmó el certificado de defunción por otitis de cinco niños en la clínica Santa Cristina en 1964. El Juzgado de Instrucción 46 de Madrid le ha citado como imputado por el supuesto robo de Beatriz Soriano.

El 1 de diciembre sobrepasaron las 5.000 firmas que se habían marcado como objetivo para presentarse a los comicios.

La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II convoca una manifestación para exigir la paralización del proceso de privatización que culminará el próximo 3 de diciembre con la emisión de bonos por 600 millones de euros.

La policía pide 18 meses de cárcel para Sandra, que denunció haber sido víctima de una red de trata de personas y estar amenazada de muerte en su país.

El Gobierno mantiene las constantes que generaron la burbuja inmobiliaria.

Hoy 21 de noviembre la Diputación de Guipúzcoa ha presentado una querella en relación a la construcción de la AP-1 contra tres ex responsables de la Sociedad Pública Bidegi y las empresas responsables de la construcción de la autopista.
El Ayuntamiento de Terrassa ya ha abierto alrededor de 1.600 expedientes sancionadores a bancos por mantener viviendas vacías. Cerca de un centenar de municipios han aprobado ya la moción impulsada por la PAH.