Jorge López, presidente de OASIS lleva desde 1996 denunciando
los frecuentes ataques y crímenes contra
personas transgénero y gays en Guatemala.
listadoAlvar Chalmeta
, Foto: FOTO: EDU LEÓN.
Perú vivió un conflicto armado
iniciado en 1980 que se prolongó
durante la década de los ‘90,
y cuyo impacto se sintió en todo
Más de quince reclusos en primer grado de la cárcel
de Valdemoro, en Madrid, inician ayunos y protestas
para denunciar la cadena perpetua a la que, en la
práctica, ha sido condenado un preso.
Un año en la cárcel por vender copias piratas de CD en la calle sobre una manta. Es lo que ha cumplido A.D., de 26 años, que a mediados de enero salía de la prisión. Su caso es similar al de numerosos sin papeles que subsisten con esta venta.
Los prejuicios sociales y
la corrupción permiten
que las “comunidades
de la diversidad sexual”
sean impunemente atacadas
en Guatemala, denuncian
activistas LGTB.
“Policía, rectores y profesores advierten de la
radicalización de jóvenes vinculados a la izquierda
abertzale”. Este titular del suplemento
Campus del diario El Mundo del 27 de febrero
bien puede resumir lo que numerosas voces califican
como nueva caza de brujas. Caza de brujas
en la que el señalamiento de ciertos medios
de comunicación ha sido fundamental.
María José Pintos es la
hermana de Juan, uno
de los tres encarcelados
hace casi dos años por el
‘caso 4-F’. Desde entonces
no ha parado: “la
premisa estaba clara:
libertad y absolución”.
Conocida por su liderazgo a finales de los ‘90 del
movimiento de los ‘sin papeles’ que en París reclamaba
la regularización de los inmigrantes ilegales,
Madjiguène Cissé regresó a vivir a su Senegal
natal en 2000. Ahí puso en pie la Red de
Mujeres para un Desarrollo Sostenible en África.
Viaja regularmente a Europa para recordarle
que debe implicarse en el desarrollo de África.
Cuando los policías abusan. El entonces relator especial de la ONU para la tortura, Theo
van Boven, tras una visita en 2003, afirmó que estas prácticas
policiales no son “sistemáticas” pero sí “más que
esporádicas” en el Estado español. Esto lo corrobora un
informe hecho público recientemente por 44 organizaciones
de todo el Estado que, desde 2001, han recopilado
4.196 denuncias. Es decir: casi 700 personas al año relatan
haber sido sometidas a tratos crueles o degradantes
por alguno de los cuerpos policiales.
Desoyendo las demandas de
organizaciones de derechos
humanos que habían
reclamado su traslado al
Estado español, el Gobierno
ha apostado por mandarlos
a un país africano.
El Tribunal Supremo ha rechazado en su totalidad tres recursos contra el Reglamento de la Ley de Extranjería
presentados hace dos años por tres asociaciones de solidaridad con las personas inmigrantes. El Tribunal ha
condenado además a las organizaciones recurrentes a pagar las costas del juicio, un total de 16.000 euros.
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