El Fondo Centroamericano para Mujeres (FCM) es una iniciativa destinada a mujeres jóvenes de la región para promover sus derechos en un contexto de pobreza y discriminación económica.
listadoJoana G. Grenzner
A principios de marzo, la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas (CEOF) publicó un informe sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que analiza la situación real del aborto en el Estado español 22 años después de su despenalización parcial.
Los colectivos por los derechos de las prostitutas rechazan el plan nacional de lucha contra la trata, anunciado tras el estudio parlamentario sobre la prostitución.
La decisión del Congreso de no regular la prostitución como trabajo encuentra la oposición de colectivos de prostitutas, que piden derechos sociales.
El Sindicato de Prisiones de UGT Catalunya ha otorgado una distinción a Manel Allué. Condenado por malos
tratos, Allué ha capitaneado, desde los ‘80, la entrada de la ultraderecha en grandes sindicatos penitenciarios.
Según Naciones Unidas, la
violencia sexual usada
como arma de guerra
alcanza ya dimensiones de
epidemia y es “obstáculo
para la paz, la reconstrucción
y el desarrollo”.
Avaladas por su labor independiente y de base, reclaman intervenir directamente en la resolución de los conflictos que
deciden los gobiernos y pagan los pueblos.
Zahira Kamal es ministra de Asuntos de la Mujer en la Autoridad Nacional Palestina (ANP). En un país ocupado, con más del 60% de los palestinos bajo el umbral de la pobreza; un 80% de mujeres fuera del mercado laboral y una tasa de natalidad de 6,1 hijos por mujer, quiere fomentar la educación y formación profesional, el empleo y la participación política femenina. “Veo crucial el control de nacimientos: espaciar el tiempo entre un hijo y otro, algo saludable tanto para la mujer como para el niño, y disminuir el número de hijos. Pero aquí son un seguro social familiar”.
Hemos tenido una acogida
bastante buena, porque
hablamos en primera
persona de la realidad
de nuestro pueblo, por primera vez
El pasado 28 de noviembre se presentó en Madrid el informe Mujer, Integración y Prisión (MIP), basado en entrevistas a 120 mujeres presas del Estado español, Francia, Reino Unido, Hungría, Italia y
Alemania. El estudio reclama con urgencia políticas penitenciarias con perspectiva de género para paliar la discriminación de las presas y afirma que la cárcel agrava la exclusión que las lleva a delinquir, ya que les ofrece poca formación, poco trabajo y mal pagado y nulos recursos para la reinserción, además de dañar gravemente su salud física y psicológica.
Con la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, cuya aprobación definitiva puede llevar un año, el Gobierno pretende construir el “cuarto pilar del Estado del Bienestar”, según han repetido Zapatero y el ministro de Trabajo, Jesús Caldera. Las dudas sobre la financiación de la Ley, que puede alcanzar un 1% del PIB, no son las únicas que rodean al proyecto. Los estudios sobre el trabajo de cuidados que realizan las mujeres muestran un
creciente peso económico y social que puede ser ‘vampirizado’ por intereses empresariales, sin resolver la cuestión de la división sexual del trabajo.
Según el reciente informe Mujer, Integración y Prisión (MIP) sobre la situación de las presas en seis Estados
europeos, la violencia de género es uno de los factores de exclusión que lleva a las mujeres a delinquir.
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