Los privilegios fiscales de la Iglesia Católica han vuelto
a generar polémica. En esta ocasión, un informe de la
Comisión Europea criticaba a finales de agosto a los
Gobiernos español e italiano por las ventajas económicas
de las que gozan los inmuebles eclesiásticos en ambos
países. No es la primera vez que Bruselas sospecha
de la legalidad de este trato de favor, pues ya en 2005 el
ejecutivo comunitario pidió al Estado español que modificara
el Acuerdo con la Santa Sede sobre Asuntos
Económicos al declarar ilegales ciertas exenciones al
pago del IVA. Pero lejos de detenerse, estas ventajas
persisten. A continuación detallamos algunas de ellas.