El 22 de febrero de 2005 asesinaron a Dionisio Julio
Ribeiro, ecologista defensor de la mayor reserva forestal
de Río de Janeiro, en Tingua. Un mes más tarde,
la religiosa estadounidense Dorothy Stang también
encontró la muerte a manos de los intereses económicos
que avalan la destrucción de la selva; su condición
de extranjera hizo de su asesinato un escándalo
internacional para el Gobierno brasileño, el mismo
que se comprometió con la defensa de la Amazonía
cuando llegó hace un año al poder. Greenpeace ya denunció
en 2003 que el mercado español importa y
consume madera procedente de empresas brasileña.