En medio de las protestas de sindicatos y movimientos sociales, el Parlamento europeo aprobó la directiva sobre liberalización de servicios conocida como “directiva Bolkestein”. Pese a que la presión ha conseguido que se retiraran algunos de los aspectos más polémicos de la propuesta, los grupos contrarios siguen temiendo que la apertura a la competencia de bienes y servicios públicos como el agua o la enseñanza no mejorará las políticas
sociales europeas.