Cuatro años después del desalojo y derribo del centro social Kukutza, 19 personas van a ser juzgadas por desórdenes.
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Crónica de la represión en un pueblo andaluz.
El tribunal señala que no hay pruebas suficientes de que atacaran a la policía.
Kiala, miembro de la asamblea Migrapiés y de la cooperativa Mbolo Moy Dole, está condenado a seis meses de cárcel por un supuesto hurto y un delito de lesiones. Él afirma que recibó una paliza a manos de la seguridad de El Corte Inglés, en 2009.
La jueza desacredita el testimonio y el atestado del sargento de los Mossos d'Esquadra que los detuvo y considera que hay numerosas contradicciones en todo el proceso. Los dos jóvenes estudiantes pasaron 34 días en prisión preventiva por los hechos.
Un total de cinco personas han sido condenadas por las acciones de protesta llevadas a cabo en junio de 2011 alrededor de Les Corts el día de la constitución de la octava legislatura de la cámara.
Hoy comienza el juicio contra Isma y Dani, a los que la Fiscalía pide casi nueve años de cárcel por su participación en la huelga general del 29 de marzo de 2012.
Piden cárcel para cuatro trabajadores y dos sindicalistas por hechos de 2004.
Hablamos con La_PaRTS, grupo de apoyo de uno de los acusados del caso Anonymous, sobre las irregularidades en el proceso judicial.
El activista vallecano fue condenado en enero a cuatro años de prisión por la Audiencia Provincial de Madrid acusado de tenencia de sustancias explosivas.
Colectivos sociales se han reunido hoy para mostrar su apoyo a Alfon, condenado a cuatro años de cárcel por un supuesto delito de tenencia de explosivos. El 16 de junio, el Tribunal Supremo estudiará el recurso presentado contra la sentencia.
La convocatoria denuncia la campaña judicial y mediática contra colectivos sociales tras las detenciones relacionadas con la operación Piñata.
La Fiscalía afirma que las supuestas amenazas a un funcionario de prisiones suponen obstrucción a la justicia.
El próximo 1 de julio se celebra el juicio a los cinco imputados por la ocupación del edificio gaditano Valcárcel que, tras su ocupación en junio de 2011 por parte de activistas del movimiento 15M, se había convertido en la sede de diferentes colectivos sociales y ciudadanos.
El autor explica cómo las reformas del Código Penal han dejado el concepto de terrorismo sin concreción, dependiente de la interpretación judicial.