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No es la hora de los historiadores pero, en el balance de estos tres años de protesta social, ya hay suficientes datos sobre el papel jugado por las fuerzas de orden público.

Hoy lunes 31 de marzo ha dado comienzo en la Audiencia Nacional el juicio contra las 20 personas imputadas por la acción “Aturem el Parlament”. El autor, abogado de la Comisión Legal Sol, sostiene que el proceso es “un juicio político”.

El Reino Unido no sólo justificó y participó en la Guerra de Iraq, sino que reprimió las acciones pacifistas contra ésta.

El fotógrafo Álvaro Luna salió media hora antes de unas clases que recibía en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y se encontró en medio de una concentración feminista. Por sacar su cámara ha sido inculpado de organizador y promotor de la manifestación.

Pautas para superar el trauma que supone ser víctima de torturas o malos tratos.

Nueva campaña de intoxicación mediática contra colectivos de la izquierda social madrileña.

La cámara de Jordi Borrás ha reflejado cuatro años de protestas en Barcelona.

Una detenida y 10 personas multadas con 301 euros cada una es el balance represivo, hasta el momento, contra las protestas por la reforma de Gallardón en Sevilla. Las multas se envian de forma indiscriminada a las personas que participan en las concentraciones contra dicha ley que se repiten cada viernes ante la sede del PP.

Cientos de personas recorrieron el centro de Madrid contra la Ley de Seguridad Ciudadana, ya conocida como Ley Mordaza.

La operación ordenada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se salda con ocho personas detenidas. La denominada “operación Xake” es una continuación de la iniciada en septiembre contra Herrira. Entre los arrestados se encuentran los abogados Jon Enparantza y Arantza Zulueta.

El colectivo Legal Sol continúa diseccionando la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

El cañón de agua de la Policía tiene implicaciones operativas y simbólicas. En junio pasado, el responsable catalán de interior, Manel Prat, también anunció su regreso pese a que la Generalitat ya cuenta con un vehículo de este tipo.
La comisión de legal de la acampada de Sol analiza el anteproyecto y su relación con el Código Penal.