Sol Luque, portavoz de la asociación Todos los Niños Robados Son También Mis Niños, explica que las víctimas del robo de bebés han conseguido convencer a la sociedad de que estos hechos ocurrieron. Cuentan con el apoyo de instituciones internacionales, pero el Gobierno cierra el paso a la justicia.
listadoniños robados

Unas jornadas reúnen a investigadores, feministas, abogados, historiadores y víctimas del robo de niños en el Estado español.

Asociaciones de bebés robados organizan una concentración para homenajear a las madres víctimas del robo de bebés en el Estado español. Las organizaciones denuncian también que los tribunales han archivado casi todas las denuncias por el robo de niños.

La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares y 192 afectados han presentado una demanda contra el Estado español ante el TEDH por el caso de los niños robados.

El médico firmó el certificado de defunción por otitis de cinco niños en la clínica Santa Cristina en 1964. El Juzgado de Instrucción 46 de Madrid le ha citado como imputado por el supuesto robo de Beatriz Soriano.

Más de 1.300 personas recorrieron ayer varias calles del centro de Madrid para exigir al Gobierno que los archivos públicos y, sobre todo, los de la Iglesia entreguen la documentación a los afectados por el robo de niños. Las asociaciones denunciaron también que las denuncias siguen archivadas y el Gobierno "no hace nada por las víctimas".

El primer caso de bebés robados que se reabre tras la circular del fiscal general se refiere al presunto robo de dos niñas gemelas en el hostpital de La Cigüeña de Valencia.

En el caso de Purificación Betegón, de 1981, se espera que sean imputadas varias personas, entre ellas los médicos José Zamarriego Crespo, Ignacio Villa Elizaga y otros. Otro de los casos, el de María Luisa Torres, cuya hija fue robada en 1982, en el que estaba imputada sor María Gómez Valbuena, ha sido archivado tras la muerte de la monja y otro más, el de Petra Gallego, de 1980, esta siendo investigado. Todos arrojan más datos sobre la trama de niños robados.

El domingo se llevó a cabo una nueva manifestación de familias afectadas por el robo de bebés. Los afectados solicitaron al ministro de Justicia que abra las denuncias archivadas en todo el Estado español y se investigue a los responsables del robo de niños.

La muerte de la monja sor María Gómez Valbuena el martes, imputada en el robo de niños, ha levantado las sospechas de las asociaciones de afectados por el robo de bebés. Su fallecimiento y entierro en un cementerio de Madrid no se ha conocido hasta pasados dos días.
La mayoría de las asociaciones de niños robados del Estado español crean una plataforma para exigir que se investigue el robo de bebés. Entre las demandas principales se encuentra la creación de un bando de ADN estatal cuyas pruebas sean gratuitas para los familiares de los niños robados y que se unifiquen las denuncias de bebes robados en una sola causa.
Argentina tiene abierta una querella para juzgar los crímenes del Franquismo. Su impulsor fue el abogado Carlos Slepoy, que reclamó a su país devolver al Estado español ’el favor’ que permitió acabar con la impunidad.
La Inclusa de la Paz en Madrid entregó a cientos de bebés durante casi 40 años cuya identidad real se desconoce. Los nombres reales de las niñas y niños supuestamente abandonados allí no eran recogidos en los documentos. Al entrar a esta institución, se asignaban otros nombres ficticios a los niños que luego eran modificados al entregarlos a los padres adoptivos. Hoy muchos reclaman conocer su identidad y creen que fueron bebés robados.
Marta Adsuara encontró a su madre biológica hace unos meses, ahora ha denunciado al ginecólogo que firmó su defunción. La Comunitat Valenciana es una de las más afectadas por el robo de bebés. Esquerra Unida ha presentado una Proposición no de Ley para que se investigue el robo de niños.
Afectados por el robo de niños se concentraron ayer en seis ciudades del Estado español contra el archivo de las denuncias. Las manifestaciones fueron especialmente numerosas en el País Vasco, donde en las últimas semanas se han abierto tres enterramientos de bebés sin hallarse restos. En Madrid, ante la Fiscalía General del Estado se concentraron 300 personas y se entregaron 90.000 firmas para solicitar que no se cierren los casos de niños robados.