La OEA y el Parlamento
Centroamericano condenan
la ‘Directiva de la Vergüenza’. La reforma de Extranjería
restringirá la reagrupación familiar. Las redadas masivas
anti inmigrantes se normalizan. España niega el 97%
de la solicitudes de asilo.
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Mientras impulsa en Europa políticas restrictivas para controlar la inmigración, Alemania persigue a los ‘sin papeles’ y limita los derechos de los solicitantes de asilo.
Texto de E. Tayefeh
Para la autora, abogada experta en extranjería, la ‘Directiva de la Vergüenza’
conlleva una condena a la clandestinidad para miles de personas inmigrantes, lo
que va ahondar aún más en su aislamiento y su vulnerabilidad.
La directiva de las 60 horas
desplaza la acción sindical y
deja al trabajador solo en la
negociación con el empresario. La ‘Directiva de la
Vergüenza’ amplía a 18 meses
el encierro de ‘sin papeles’
y amenaza con expulsar
a ocho millones de personas.
Tras un año de gobierno, la nueva derecha “sin complejos” de Sarkozy no puede
mostrar muchos más logros que el constante hostigamiento policial a los irregulares.
Mientras la Administración estigmatiza la inmigración y persigue a los ‘sin
papeles’, se estima que entre 200.000 y 400.000 de ellos están trabajando.
Ni las movilizaciones y peticiones a los europarlamentarios
de cientos de colectivos sociales, ni las presiones de
44 gobiernos de América Latina y África han logrado
frenar la aprobación de la ‘Directiva de la Vergüenza’.
El endurecimiento de las políticas ante la inmigración
se constata también en el caso de
los menores extranjeros no acompañados.
Varias comunidades autónomas intentan
deshacerse de ellos, en vez de proteger sus
derechos como menores. Sin embargo, la intervención
de diferentes organizaciones sociales
está logrando parar las expulsiones.
Son varias las premisas que
hace años hicieron reflexionar
a militantes de colectivos
LGTB+ sobre la
necesidad de no caer en un corporativismo
Abanderada por algunos gobiernos que practican la persecución del extranjero,
la UE se dispone a aprobar una directiva comunitaria que criminaliza a
los ‘sin papeles’ y considera al inmigrante como mera fuerza de trabajo.
La polémica propuesta mantiene los 18 meses de encierro por orden administrativa
de los ‘sin papeles’ hasta su expulsión, el encierro de menores y los cinco años de
prohibición para los expulsados antes de poder volver a Europa.
Las duras políticas de extranjería no sólo arrojan a las
personas ‘sin papeles’ a la invisibilidad y la indefensión,
sino que propician abusos como extorsiones económicas
y favorecen la impunidad de los agresores.
La inmigración en boca de destacados políticos europeos
–franceses, italianos, españoles– se ha convertido
en un problema que requiere de medidas drásticas. Es
la excusa para un giro con guiños a la extrema derecha.
Las huelgas coordinadas de trabajadores sin papeles,
las primeras en la historia del país, han puesto en el
mapa político a los inmigrantes como trabajadores.
Bajo el lema “trabajamos aquí, vivimos aquí, nos quedamos
aquí”, desde el 15 de abril, un movimiento huelguístico
de trabajadores sin papeles sacude Francia,
obligando al Gobierno a suavizar su política migratoria.
Notable crecimiento. Tanto
cualitativamente como en
número de proyectos. Las
conclusiones de la mayoría
de los participantes no
pueden ser más positivas
tras este segundo
encuentro estatal de ODS.
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