El ministro se ha apoyado en el discurso desarrollista para impulsar proyectos como las prospecciones petrolíferas.
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Reforma laboral, reforma de las pensiones, ley de educación, ley del aborto, ley de costas, ley de montes, medidas de recorte presupuestario... El lunes 26 terminó la primera legislatura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Un período que ha cambiado las vidas de toda la población y que será refrendado o rechazado en las elecciones del 20 de diciembre.

Enrique Ruiz explica la situación legal en la que se encuentra el hotel El Algarrobico y hace un repaso de los aspectos políticos, jurídicos y económicos que rodean el caso.
Más allá de la manteca colorá: el ministerio de Cañete ha impulsado políticas territoriales como la nueva Ley de Costas que han contado con la oposición de movimientos ecologistas.

Greenpeace, Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción rechazan la última sentencia que da un giro radical a los 20 pronunciamientos judiciales que declaraban, hasta el mes pasado, que El Algarrobico es ilegal. Los grupos ambientales han denunciado a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dictaron la sentencia del 21 marzo.

El autor, que forma parte del equipo que ha presentado ‘Destrucción a toda costa’, analiza el estado del litoral.

La nueva Ley de Costas quedó ayer aprobada en el Congreso. La mayoría absoluta del PP ha permitido sacar adelante esta normativa que va a reducir la protección de nuestras costas, amnistiar cientos de viviendas ilegales y abrir la puerta a nuevas edificaciones.

La Ley de Costas recibió la bendición del Senado el pasado 24 de abril. Entre otras medidas se rebaja la protección de las costas de 100 a 25 metros.

Eva Hernández, bióloga, repasa por qué se creó la Ley de Costas y el asalto al dominio público marítimo y terrestre que supone la reforma del Gobierno del PP.

El ministro Miguel Arias Cañete rebaja, entre otras medidas, de cien a veinte metros la protección de las costas. Además, se legalizan diez mil viviendas y el terreno en el que éstas se asientan pasa ser propiedad privada de los infractores.
El anteproyecto de la Ley de Protección y Uso Sostenible aumenta la privatización de la costa, crea inseguridad jurídica y no tiene en cuenta criterios científicos.