listadoCuidados
¿Cómo se cuida?
¿Quién cuida en nuestra
sociedad? Cuestiones
abiertas agrupadas en
torno a una propuesta
provocadora y urgente:
la reorganización social
del cuidado.
Tras pasar por el Congreso, la Ley de Dependencia no incluye el compromiso adquirido
por el ministro de Trabajo de ampliar la asistencia a personas con diversidad funcional.
Tras analizar en el pasado número de
Diagonal [nº 41, páginas 36 y 37], desde
una perspectiva económica y legislativa,
las expectativas generadas por la Ley de
Dependencia a su llegada al Senado,
ofrecemos ahora un enfoque sociosanitario
sobre la cuestión. Para el autor,
uno de los principales peligros de la
norma está en que esta política favorezca,
como en Reino Unido, la entrada de
multinacionales en el sector de la atención
y los cuidados.
¿Nacerá cojo el llamado ‘cuarto pilar del Estado de Bienestar’? Diferentes
organizaciones sociales reflexionan sobre los límites y aciertos del futuro sistema.
Si bien a veces cuesta creerlo y aún más hablarlo,
según apuntan todos los indicios, lo más probable
es que enfermemos y muramos. Factores como el
progresivo envejecimiento de la población y las
crecientes tasas de cáncer hacen cada vez más necesario
el desarrollo de una medicina paliativa pública
que ayude en la fase final de las enfermedades
terminales. En el Estado español sólo el 25%
de los pacientes oncológicos recibe cuidados paliativos.
Mientras, el sector empresarial ya ha
identificado estos servicios sanitarios como una
gran oportunidad de negocio.
El Gobierno, apoyado por
Esquerra Republicana e
Izquierda Unida, pretende
que se apruebe la Ley de
Dependencia a comienzos
de 2007. La financiación y
el peso de las autonomías
siguen siendo aspectos
complicados del empeño.
En plena explosión
económica y de los
beneficios empresariales,
el Gobierno propone una
desigual bajada de los
impuestos que pone en
peligro el gasto social.
¿Qué pasará cuando
lleguen las ‘vacas flacas’?
La reciente detención de un grupo de 25 empresarios
y sindicalistas por fraude en los cursos de formación
ocupacional ha vuelto a rodear de sospecha
las finanzas de los llamados “agentes sociales”,
entre los que destacan los sindicatos CC OO y
UGT. Más allá de los casos concretos de corrupción
denunciados por la prensa, la elevada dependencia
del sindicalismo de concertación con respecto a las
subvenciones públicas y el uso de fórmulas de financiación
empresarial -como la promoción de
fondos privados de pensiones- ponen en entredicho
la capacidad reivindicativa de estas centrales.
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