Una veintena de organizaciones ecologistas y sociales lanzan una campaña contra el pago de la deuda del almacén de gas submarino Castor, cerrado hace un año y medio después de haber provocado cientos de terremotos.
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Quince entidades han solicitado a los grupos parlamentarios que presenten un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley que determinó el pago de 1.350 millones a UGS, la antigua propietaria del proyecto Castor.
La UE, EE UU, Rusia, China y los gobiernos autoritarios de Asia Central mueven ficha en torno al gran gasoducto que pretende unir el Caspio y el sur de Europa.
, Foto: Gonzo Foto.
La inyección de gas del almacén marino provoca centenares de seismos que atemorizan a la población del Delta.
