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Íñigo de la Serna afirma que ya están en negociaciones con los acreedores de los 3.500 millones de euros que acumulan de deuda. El rescate podría suponer también el pago de 5.500 millones de euros de responsabilidad patrimonial con las concesionarias, que son las principales constructoras del Estado español.

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Treinta años después, el Estado vuelve al rescate de varias autopistas en quiebra.

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