Millones de residuos eléctricos y electrónicos se exportan anualmente a países
empobrecidos. Es la forma más barata de ‘reciclar’ unos productos altamente
tóxicos cuyo período de vida útil no deja de disminuir.
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Un mes y medio después de los vertidos tóxicos del
buque Probo Koala, cargado por una empresa
holandesa, la ONU se muestra incapaz de esclarecer la
catástrofe marfileña y los medios ya han ‘pasado hoja’.
El 22 de febrero de 2005 asesinaron a Dionisio Julio
Ribeiro, ecologista defensor de la mayor reserva forestal
de Río de Janeiro, en Tingua. Un mes más tarde,
la religiosa estadounidense Dorothy Stang también
encontró la muerte a manos de los intereses económicos
que avalan la destrucción de la selva; su condición
de extranjera hizo de su asesinato un escándalo
internacional para el Gobierno brasileño, el mismo
que se comprometió con la defensa de la Amazonía
cuando llegó hace un año al poder. Greenpeace ya denunció
en 2003 que el mercado español importa y
consume madera procedente de empresas brasileña.
Greenpeace ha denunciado el vertido de aguas radioactivas
procedentes del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) a la depuradora de La China, que reutiliza
el agua depurada para regar los parques. A un
trabajador de la depuradora ya se le ha diagnosticado
enfermedad por exposición a radiactividad.
Otro, que ha denunciado públicamente el riesgo de
trabajadores y ciudadanos a brotes de legionela y
cáncer por el incumplimiento de la normativa de
riego del Plan de reutilización de aguas de Madrid,
ha sido despedido.
El 12 de diciembre, 71 organizaciones sociales
enviaron una carta al presidente del Gobierno para
mostrar su inquietud por su política sobre organismos
modificados genéticamente (OMG).
La gestión de los recursos radiactivos sigue siendo un problema abierto.
Sin embargo, existe una clara falta de determinación para solucionarlo.
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