Hablamos con Toni Martínez sobre la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros en la actualidad.
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La empresa española Cobra-ACS ha puesto en marcha la construcción de un enorme complejo hidroeléctrico en Guatemala que viola los derechos de más de 29.000 indígenas.

El relevo de Diego Torres como encargado de la información del Real Madrid es el último episodio de una escabechina con periodistas deportivos críticos.

José Trigueros, exdirector general de Evaluación Ambiental, está acusado de prevaricación por dar la autorización sin un informe de impacto ambiental previo. 36 personas que sufren cáncer se personarán como acusación particular.

El gobierno municipal de Ahora Madrid no acaba de decidirse por una defensa clara del interés general en materia urbanística frente a los poderosos intereses privados.

Tras seis meses de gobierno, el concejal del Ayuntamiento de Madrid expone los retos de la legislatura.

Nuevo episodio de Siberia, estrenado el jueves 3 de diciembre a las 22:00.

El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que pide que el Defensor del Pueblo Europeo investigue si el Gobierno español incurrió en una ayuda estatal prohibida al autorizar el pago de 1.350 millones en compensaciones por el fracaso del Proyecto Castor.

Las principales constructoras del país están implicadas en los sobrecostes del puerto del Musel, en Gijón, un caso que está siendo investigado por la Audiencia Nacional después de que el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies lo denunciase. Hablamos con uno de los portavoces de este observatorio.

El PP quiere adjudicar las obras antes de tener los permisos definitivos. Si el cementerio nuclear finalmente no se hace, las empresas constructoras cobrarán las indemnizaciones como ya ha ocurrido con Florentino Pérez por el cierre del Castor.

La Diputación de León al frente del consorcio que gestiona las basuras de esta provincia ha permitido que 500.000 toneladas de residuos estén almacenados en el campo durante más de 12 años sin ningún tipo de medidas de control. Ahora se están trasladando las basuras al Centro de Tratamientos de Residuos. Los ayuntamientos afectados denuncian el atentado ecológico y la mala gestión de la empresa de Florentino Pérez y Esther Koplowitz.

Quince entidades han solicitado a los grupos parlamentarios que presenten un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley que determinó el pago de 1.350 millones a UGS, la antigua propietaria del proyecto Castor.
Ésa es la valentía de Florentino Pérez: acabar con un lobby violento que se le ha vuelto en contra.

La Comisión Europea inspecciona si el club blanco se benefició al concederle el Ayuntamiento terrenos públicos para su centro comercial.