Íñigo de la Serna afirma que ya están en negociaciones con los acreedores de los 3.500 millones de euros que acumulan de deuda. El rescate podría suponer también el pago de 5.500 millones de euros de responsabilidad patrimonial con las concesionarias, que son las principales constructoras del Estado español.
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Acusan a la hidroeléctrica española de atentar contra los derechos de las comunidades indígenas y locales.

La medida declaración del cabecilla de la trama Gürtel apunta a la relación directa entre el pago de comisiones y la concesión de obras públicas.

Hablamos con Toni Martínez sobre la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros en la actualidad.

La empresa española Cobra-ACS ha puesto en marcha la construcción de un enorme complejo hidroeléctrico en Guatemala que viola los derechos de más de 29.000 indígenas.

El relevo de Diego Torres como encargado de la información del Real Madrid es el último episodio de una escabechina con periodistas deportivos críticos.

José Trigueros, exdirector general de Evaluación Ambiental, está acusado de prevaricación por dar la autorización sin un informe de impacto ambiental previo. 36 personas que sufren cáncer se personarán como acusación particular.

Tras seis meses de gobierno, el concejal del Ayuntamiento de Madrid expone los retos de la legislatura.

Una veintena de organizaciones ecologistas y sociales lanzan una campaña contra el pago de la deuda del almacén de gas submarino Castor, cerrado hace un año y medio después de haber provocado cientos de terremotos.

Partidos políticos y organizaciones sociales critican la licitación de este hospital público de gestión semi privada a pocos días de las elecciones.

En el negocio de la basura se mueven unas 140 empresas, pero ACS, FCC, Sacyr y Ferrovial se llevan gran parte del pastel.

En lo que va de año, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ha multado a grandes empresas de varios sectores por la formación de cárteles.

Las principales constructoras del país están implicadas en los sobrecostes del puerto del Musel, en Gijón, un caso que está siendo investigado por la Audiencia Nacional después de que el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies lo denunciase. Hablamos con uno de los portavoces de este observatorio.

Quince entidades han solicitado a los grupos parlamentarios que presenten un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley que determinó el pago de 1.350 millones a UGS, la antigua propietaria del proyecto Castor.

Treinta años después, el Estado vuelve al rescate de varias autopistas en quiebra.