El agua es un bien público, o por lo menos en teoría. En estos años de sequía, agotamiento de los humedales y desertización avanzada, en el Estado español sigue vigente una ley franquista, la Ley de Minas, que entrega a las embotelladoras el acceso a los manantiales de agua para que la comercialicen con enormes márgenes de beneficios.