Los pueblos de la zona rechazan la expotación de minerales a cielo abierto proyectada en el Cerro Gorría.
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La organización medioambiental Ecologistas en Acción denuncia los altos niveles de contaminación por ozono troposférico en Madrid, Cataluña y el Sureste peninsular.

Un proyecto de fracking, que puede generar movimientos sísimicos, a 20 km de una central nuclear, no parece la mejor de las ideas.

La comunidad educativa confía en un cambio de Gobierno que derogue la Lomce.
Siete organizaciones ecologistas denuncian el permiso de investigación minera otorgado por la Junta de Castilla y León a una empresa y solicitan más información sobre un proceso envuelto en secretismo.

Una biografía del alcalde de Valladolid Javier León de la Riva narra sus momentos estelares.

Desconfianza y prisas para implantar este ciclo que comienza este año.

Ecologistas en Acción pide que un centener de altos cargos socialistas, populares y leonesistas que apoyaron Meseta Ski repongan de su bolsillo 150.000 euros cada uno para compensar el "despilfarro" de recursos.

La empresa declina continuar con el expediente para declarar el agua “mineral”

El autor critica el intento de psiquiatrización y propone un análisis más politizado a la hora de abordar el asesinato de Isabel Carrasco.

La empresa Bosques Civilizados SL, de la exdiputada del PP, María Pía Sánchez Fernández, proyectó una urbanización, junto con el arquitecto Lorenzo Fernández-Ordóñez, en una dehesa de alto valor ecológico, en Las Veguillas, Salamanca. Ecologistas en Acción denunció las pretensiones de la empresa y los tribunales han paralizado las viviendas de lujo que se iban a levantar en plena naturaleza.

Una trabajadora del hospital público vallisoletano Río Hortega recobra su empleo después de haber sido despedida por denunciar que la gerencia pagó por unos cursos que no se realizaron.

El ministro mantiene reuniones con los cazadores para confeccionar una ley a medida del sector privado.

La Junta de Castilla y León apuesta por el uranio en una zona de aguas termales en contra de diversos informes.
Un defensor del patrimonio rural señala que la nueva ley persigue la privatización de los bienes comunes y los servicios públicos.