El jefe del Departamento Jurídico de Disciplina Urbanística ha sido citado a declarar el próximo jueves por el derribo de una vivienda, sin orden judicial, en la que vivía una familia con menores de edad.
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Alrededor de 50 detenciones en una operación con caballos, motos y hasta un helicóptero por un delito de robo de cobre.

La PAH declara una “cuenta atrás para tumbar la ley hipotecaria” y pide a los jueces que declaren nulos los procedimientos.

El Ayuntamiento desaloja a los vecinos de un asentamiento sin presentar ningún permiso y sin aviso.
Una pareja con una hija de ocho años no será desalojada de su vivienda, sobre la que pendía una orden de derribo, porque las autoridades españolas no les garantizan una alternativa habitacional adecuada.
En el Sector 6 de la Cañada los problemas de convivencia de los distintos cultos pasan a un segundo plano ante las necesidades básicas de la población.

Ocupación, desafectación y destino de los terrenos serán regulados en un acuerdo a partir de los planes realizados por asociaciones y colectivos que trabajan en la Cañada.
La convocatoria de la comunidad Islámica de Valdemingómez, tras los derribos de 25 viviendas el 9 de octubre, logró unir finalmente a todos los colectivos presentes en la Cañada al grito de ‘Legalización sí, derribos no’.
Texto de Ivana Moya y Miguel Marchant