El fin de la criminalización de la protesta social en Colombia es uno de los mayores retos en la nueva situación de transición hacia el post conflicto tras la firma de los acuerdos de paz en la Habana. Decenas de defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales permanecen encarcelados bajo acusaciones poco fundamentadas por delitos políticos, algunos a la espera de juicio desde hace varios años.