La revisión por el Tribunal Supremo de las duras sentencias –525 años en total– contra 46 ciudadanos vascos impuestas por la Audiencia Nacional en el marco del sumario 18/98 contra la izquierda abertzale civil se ha saldado con muy desigual resolución.

La vista en el Supremo finalizó el
pasado 22 de abril con, de nuevo, la
insistencia de las defensas en la falta
de pruebas y en el impulso político-
represivo del proceso. El 29 de
abril, el alto tribunal anunciaba y hacía
firme la absolución de ocho de
los nueve condenados a penas de
nueve y diez años de prisión en la
“pieza desobediencia civil”. Sin embargo,
el Supremo no se pronunció
sobre el resto de los recursos, y ni
tan siquiera, al cierre de esta edición,
se sabe cuándo hará pública su
resolución, de manera que no hay
todavía ninguna sentencia firme
contra los otros acusados. Sin embargo,
la sección tercera de la Audiencia
Nacional, presidida por el
magistrado Alfonso Guevara, se
adelantó a la sentencia e interpretó
que la absolución comunicada por
el alto tribunal de alguno de los encausados
suponía la condena del
resto. Y ordenó la detención, que
agentes de la Guardia Civil realizaron
por la noche, y posterior encarcelamiento
de ocho de los encausados
que permanecían en libertad
provisional, en la mayoría de los casos
por motivos de salud. Entre
ellos, Jabier Salutregi, último director
del clausurado Egin; el histórico
dirigente abertzale José Luis Elkoro,
de 73 años y aquejado de graves problemas
de salud; e incluso de Juan
Pablo Diéguez, detenido en el
Hospital de la Cruz Roja de Bilbao
mientras convalecía de una reciente
operación en el menisco y a pesar
de requerir de respiración asistida.
Sus abogados no recibieron notificación
alguna y accedieron al auto
de la Audiencia a través de los medios
de comunicación.

Aunque el contenido del fallo y la
sentencia no es público todavía, se
da por hecho que el Supremo rebajará
entre dos y tres años las condenas
por delitos de pertenencia o colaboración
con banda armada impuestas
a los 38 condenados, que deberán
permanecer encarcelados entre siete
y 22 años, según los casos. Para esta
rebaja, el alto tribunal estimaría que
la Audiencia Nacional aplicó los máximos
castigos previstos sin que se
justificara debidamente.

Al mismo tiempo y por orden del
Supremo, la Audiencia Nacional dejaba
sin valor la condena a penas de
nueve y diez años de cárcel impuesta
contra ocho condenados en la denominada
pieza de ‘desobediencia civil’.
Sabino Ormazabal, Fernando
Olalde, Mario Zubiaga, Alberto Frías,
Mikel Aznar, Olatz Altuna, Mikel Zuluaga
e Iñaki O’Shea –quien abandonó
el 29 de abril la prisión donde permanecía
encarcelado desde diciembre
de 2007– han quedado completamente
exonerados. Por un delito que
nunca cometieron, O ‘Shea ha cumplido
24 meses de cárcel; Aznar, 16 y
Ormazabal, ocho. La decisión deja
prácticamente sin efecto jurídico alguno
la operación contra la Fundación
Joxemi Zumalabe dirigida por
el magistrado Baltasar Garzón. Sólo
Carlos Trenor, de 63 años y procesado
también en aquella causa, permanece
encarcelado al concurrir contra
él otra condena por su participación
en Orain SA, la editora de Egin. El
Supremo también ha absuelto a Natale
Landa, condenada a 11 años en
la pieza ‘Ekin’, quien también abandonó
la cárcel a finales de abril.

Entidades jurídicas y organismos
sociales que han denunciado “la severa
injusticia que supone todo el
macroproceso 18/98” han declinado
emitir valoraciones hasta conocer el
contenido exacto de la sentencia, que
deberá validar o no la tesis de “todo
es ETA”, impulsada por Garzón desde
1998 y que le llevó a clausurar un
periódico y una radio.