VIOLENCIA DE GÉNERO // LA NUEVA LEY DE EXTRANJERÍA PRIMA EL CONTROL DE LA INMIGRACIÓN IRREGULAR A LOS DERECHOS
Las sin papeles que denuncien maltrato se enfrentarán a un expediente de expulsión

La nueva Ley de Extranjería
sólo permite su regularización
si logran que
se condene al agresor.
Según varias organizaciones,
la medida las
discrimina y no responde
a la realidad del maltrato.

10/12/09 · 17:12
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La Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR) critica que la violencia
de género “es el único delito
que implica la apertura de un expediente
de expulsión” si lo denuncia
una sin papeles. Asegura que ello
“desincentiva la presentación de denuncias
–que de por sí son menos
que el número de agresiones– por el
miedo de las víctimas a ser sancionadas
por su situación irregular”. Afirma
que implica “desconocimiento de
la realidad del maltrato, que muchas
veces no se condena por la falta de
pruebas o porque algunas mujeres
retiran la denuncia antes del fin del
proceso”. María Naredo, investigadora
de violencia de género en Amnistía
Internacional (AI), coincide en
que “hay un nivel de archivo y de absoluciones
impresionante en casos
de violencia de género. Según el
Consejo General del Poder Judicial,
en 2008 se archivaron el 46% de las
denuncias. En juzgados de lo penal
se absolvió al 48% de acusados de
maltrato”. Naredo remarca que “con
una sentencia condenatoria, el expediente
se extingue y la mujer podría
incluso acceder a un permiso de residencia
por circunstancias excepcionales,
pero si no la hay, el expediente
de expulsión se reabre y puede resultar
en una orden de expulsión o sanción
económica”. Además, explica
que “no son muchas mujeres en situación
irregular las que denuncian
y obtienen la residencia, y el número
de expulsadas por este motivo no se
conoce”. Tanto CEAR como AI constatan
la dificultad de obtener datos
oficiales al respecto.

La Asociación Pro-Derechos Humanos
de Andalucía denuncia que
la Ley “prima la condición de mujer
inmigrante sobre la de mujer víctima
de violencia de género”, pero valora
que brinde un permiso provisional
de residencia y trabajo a las
‘sin papeles’ que puedan acreditar
la violencia de género. AI también
considera un avance que tanto las
‘sin papeles’ que acrediten el maltrato,
como las que obtengan permiso
de residencia por reagrupación
familiar reciban un permiso
de trabajo. Desde 2003, AI venía reclamando
equiparar a ambos colectivos
y, junto con la residencia, darles
permiso de trabajo “para paliar
la falta de autonomía económica”,
dado que ésta es un factor que posibilita
la violencia de género.


ENTREVISTA // MARÍA NAREDO, INVESTIGADORA Y ACTIVISTA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

“Se les está diciendo que aguanten”

María Naredo, investigadora y autora de varios informes
sobre violencia de género en Amnistía Internacional, habla
sobre la significación de la nueva Ley de Extranjería.

DIAGONAL: ¿Cómo valoras que la
nueva Ley de Extranjería ordene
abrir expediente de expulsión a las
inmigrantes sin papeles que denuncien
violencia de género?

M.N.: Hasta la reforma de la Ley,
eso venía regulado por una norma
de rango menor, la instrucción
14/2005 del Secretario del Estado
de Seguridad. En nuestras investigaciones
vimos que muchas dependencias
policiales lo incumplían,
por lo que las mujeres no tenían
tanto miedo e incluso algunas abogadas
recomendaban ir a denunciar
donde no la aplicaban. Ahora
se ha convertido en ley orgánica y
los mandos policiales que hasta
ahora podían hacer la vista gorda
probablemente, no la hagan. La espada
de Damocles del expediente,
la orden de expulsión y la sanción
está sobre las sin papeles que se decidan
a denunciar. El Secretario de
Estado de Seguridad siempre dice
que no hay ninguna inmigrante expulsada
por este motivo, pero hace
poco estuve en un municipio donde
los funcionarios de policía me
dijeron que abrían expedientes de
expulsión a mujeres en situación
irregular que sabían que sufrían
maltrato para forzarles a denunciar
y a ver si obtenían sentencia condenatoria.
El Gobierno y algunas organizaciones
se escudan en que no
se las expulsa, pero es muy importante
denunciar que pueden hacerlo
y tienen órdenes para ello. Estas
mujeres no tienen seguridad jurídica
si dependen de que el policía de
turno quiera o no cumplir una ley
abiertamente discriminatoria. Más
allá de la retórica, al Gobierno le
preocupa más controlar la inmigración
irregular que proteger los derechos
humanos de las mujeres. Es
un incumplimiento de obligaciones
del Estado al máximo nivel.

D: ¿Cómo puede incidir esto en el
ciclo de la violencia de género?

M.N.:
Cuando se pone un obstáculo
de tal envergadura ante la mujer
que quiere denunciar, se le está diciendo
“aguanta, ten cuidado con
acudir a una comisaría”. Si ya tiene
las trabas internas y externas de la
desconfianza, de la presión de la
familia, del agresor, esto la desincentiva
totalmente y la invisibilidad
propicia la impunidad de los abusos.
El ciclo de la violencia es in
crescendo: cuanto más dura, más
fuerte es la violencia. Si vuelve con
el agresor por falta de ayuda, de
servicios de atención que le garanticen
un apoyo en condiciones, todo
ello se convierte en una mayor
dosis de riesgo para ella.

D: Proponéis que la denuncia de
violencia de género no sea condición
para acceder a ayudas y se
acredite el maltrato con mecanismos
alternativos. ¿Se hace?

M.N.: Galicia, Catalunya y Castilla-
La Mancha reciben a mujeres en
centros de acogida y en todo tipo
de recursos sin necesidad de acreditar
la denuncia ni la orden de protección.
En cambio, en Madrid se
pide la denuncia y, cada vez más, la
orden de protección para entrar en
centros especializados para la atención
y la acogida de media, larga e
incluso de corta estancia. He- CARLO GIULIANI. La violencia policial apenas ha sido cuestionada por la justicia.
mos documentado casos de mujeres
que siguen teniendo que
acudir como único alojamiento
seguro a centros inadecuados,
no especializados, donde conviven
mujeres y hombres… Los
recursos no se adaptan a las necesidades,
vivencias y situaciones
de las mujeres y más aún de
las migrantes. Éstas afrontan
enormes trabas, no sólo por el
peligro que les supone ir a una
comisaría de policía si están en
situación irregular, sino porque
a cualquier mujer le cuesta entrar
en el minuto cero de poner
una denuncia.

D: ¿Hay un doble rasero en la
protección de los derechos de las
mujeres en función de si son autóctonas
o inmigrantes?

M.N.: Yo lo veo clarísimo. Me
pregunto qué alarma social generaría
que a una española que
va a denunciar violencia de género
el comisario de turno le empezara
a investigar si defrauda a
Hacienda. Sería impensable, la
gente diría que la violencia de género
es mucho más importante.
Y es mucho más grave defraudar
a Hacienda, que es un delito,
que estar en situación irregular,
que es una mera infracción administrativa.
Algo que nos parecería
una traba inadmisible en el
caso de las españolas se está tolerando
a nivel político, legislativo
y social con las extranjeras.
Además, si el Estado no palia las
desventajas añadidas que trae
consigo toda mujer inmigrante,
se convierten en discriminaciones:
desconocer el idioma en
muchos casos, la institucionalidad,
las instancias jurídicas, no
tener redes de apoyo... Por ejemplo,
el Plan estatal de prevención
y atención a la violencia de género
en población inmigrante ni
menciona a los intérpretes, cuando
hemos constatado que son
una traba fundamental para que
las que no entienden el idioma
puedan acceder en igualdad a información
sobre derechos o a un
juicio justo. No hay formación,
debería existir un grupo de intérpretes
especializado para atender
con la debida empatía y garantías
a las que sufren maltrato.

También en este número:

[La polémica de dar información veraz a las sin papeles->http://www.diagonalperiodico.net/La-polemica-de-dar-informacion.html]

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