Con la primera
generación posfraguista
se va a llevar a cabo la
mayor reducción de la
educación en gallego
desde hace 40 años.
En Galicia hay gente que aprendió
a hablar gallego, gente que aún
no aprendió y gente que aprendió a
no hablar en gallego. Sobre aprender
a no hablar gallego saben mucho
en la Consellería. Ya estamos
evaluando en nuestras clases los resultados
de sus primeras obras de
ingeniería educativa: conseguir que
las nuevas generaciones aprendan
a no hablar gallego. Sí, ese es el objetivo
prioritario del currículo, cada
vez menos oculto, del PP.
Con la llegada del PP, hay una
nueva generación de gestores del
proceso de castellanización. Se caracterizan
por su neoliberalismo
lingüístico, la adopción del supremacismo
lingüístico de la FAES, el
desprecio por la autoridad científica,
el enfrentamiento con las autoridades
pedagógicas y culturales y
la experimentación de estrategias
para el acoso y derribo del gallego
en todos los ámbitos pero, con especial
afán innovador, en el ámbito
que en los últimos años se configuró
como un “consenso” para la protección
del idioma: la enseñanza.
Después de más de 30 años de
políticas de normalización en la enseñanza,
una parte considerable de
la juventud urbana –se teme que un
20%– no se siente competente para
expresarse en gallego. Y por primera
vez en la historia el empleo del
gallego ya es minoritario entre la
juventud. Reconocida la crisis del
idioma el decreto de 2007 con el bipartito
(PsdG-BNG) –elaborado por
una comisión de AMPAS, profesorado,
organizaciones pedagógicas
e, incluso, patronales de la educación
concertada– establecía, con carácter
general, una presencia mínima
del 50% para el gallego.
El nuevo decreto abre una brecha
histórica: por primera vez tras
la muerte de Franco se adoptan medidas
para reducir la presencia y el
prestigio del gallego en las aulas. La
consecuencia más dramática y visible
de la política educativa del PP es
un mayor alejamiento de niñas y niños
urbanos de la lengua gallega.
El PP revitalizó e institucionalizó
los prejuicios lingüísticos, en su gama
tradicional –habla gallego quien
es de aldea, los viejos o “los del
Bloque”–. En marzo de 2011, además,
el PP toma otra decisión violenta:
se opone a la regularización y
expansión del portugués en el sistema
educativo gallego. El Gobierno
del PP institucionalizó, además, el
derecho a la ignorancia. En un juego
de ilusionismo sociopolítico, les
impuso a las familias una encuesta
sobre sus preferencias lingüísticas
en las materias “troncales”, libros
de texto, exámenes... y así se realizó
una consulta sin el más mínimo
rigor científico de la que sólo se podía
esperar un resultado: la reducción
drástica del gallego.
Por estas cosas, la RAG, la Mesa
pola Normalización y otras entidades
sociales, educativas y culturales
presentaron recursos contra
el llamado “decreto del plurilingüísmo”.
Según la Coordinadora
de Equipos de Normalización
Lingüística el decreto es ilegal, ya
que se enfrenta a la Lei de Normalización
Lingüística, al Estatuto de
Autonomía, a la Carta Europea de
Lenguas Regionales y
Minoritarias e incluso a la
Constitución. La razón más evidente:
no sólo es que no se proteja
el derecho de una gran parte del
alumnado a aprender y ser comunicativamente
competente en la
lengua propia de Galicia, sino que
directamente se impide.
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