ESTADO ESPAÑOL // DATOS SOBRE LA TORTURA EN 2010
“Sigue el silencio oficial tras siete años de informes”

Una investigación realizada por organizaciones de
derechos humanos recoge 251 casos de violencia por
parte de funcionarios públicos a lo largo de 2010.

, Madrid
19/07/11 · 8:30
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Foto: Olmo Calvo

“Según denuncia R.A., ciudadano colombiano,
tras ser detenido fue trasladado
al Centro de Internamiento
de Extranjeros (CIE) de Aluche, donde,
días después, el 13 de enero de
2010, tres agentes de policía quisieron
tomarle las huellas dactilares. Al
solicitar R.A. que antes quería hablar
con su abogada, los agentes le agredieron,
propinándole un puñetazo
en la cara, que le hizo caer al suelo,
donde le pegaron más golpes y patadas,
tras lo que violentamente le obligaron
a poner sus huellas en el impreso,
causándole la rotura de dos
dedos de la mano derecha. Como
consecuencia, R.A. tuvo que ser trasladado
al Hospital 12 de Octubre de
Madrid, donde certificaron las lesiones
sufridas”.

Este es uno de los casos
de torturas y agresiones recogidos
en el informe que la Coordinadora
para la Prevención y Denuncia
de la Tortura (CPDT)
hizo público a
mediados de junio en Valladolid. Su
investigación titulada La tortura en
el Estado español. Informe 2010
, recoge
251 denuncias de abusos a manos
de funcionarios públicos.
La CPDT, nacida en 2004, es una
plataforma que reúne a 44 organizaciones
de defensa de los derechos
humanos de todo el Estado. Esta red
de colectivos de activistas, de profesionales
o académicos, lleva siete
años publicando su informe anual.

“Lo primero que hay que concretar
es el concepto de tortura”, destaca
Alicia Alonso, del Observatorio para
la Defensa de los Derechos y las Libertades
de Valladolid (Oteando),
uno de los colectivos recientemente
incorporado a la Coordinadora. Para
sus informes, la CPDT recopila las
denuncias de lo que la Convención
de la ONU define como tortura:
“Todo acto por el cual se inflija intencionadamente
a una persona dolores
o sufrimientos graves, con el fin de
obtener información o una confesión,
de castigarla por un acto (…), o
de intimidar o coaccionar a esa persona
o a otras, por cualquier tipo de
discriminación, cuando dichos dolores
sean infligidos por un funcionario
público o con su consentimiento”.

“En el informe se recogen 251 situaciones
en que se produjeron torturas
y/o malos tratos contra 540 personas.

De entre toda la geografía del
Estado español destacan Madrid,
con 51 casos y 138 denunciantes y
Euskal Herria con 44 casos y 132 denunciantes”,
resume Alonso. Y destaca
que “se mantiene el aumento del
número de agresiones a menores por
parte de agentes de la Fuerzas de
Seguridad del Estado
(FSE), ya observado
en 2009, fundamentalmente
tras incidentes de tráfico y en la participación
en fiestas populares. Además
durante el año pasado, se tuvo
conocimiento de la muerte de 52 personas
cuando se encontraban bajo la
custodia de miembros de las FSE,
funcionarios de prisiones o personal
de centros de menores. De este dato
queremos matizar que, al menos, hubo
otras 50 personas que fallecieron
bajo custodia que no se ha considerado
prudente añadir por carecer de
información suficiente”.

Y es que, como puntualiza Jorge
del Cura, portavoz de la Coordinadora,
los informes no recogen la totalidad
de las denuncias y menos aún
todos los realmente producidos, solo
los casos que nos llegan y están contrastados.

Por ejemplo, hemos observado
que en los últimos años ha
aumentado el número de personas
que, después de ser agredidas en movilizaciones
sindicales, vecinales, etc.
deciden no denunciar. Incluso, solicitan
que no incluyamos sus casos
en el informe”.

Para Carlos Hernández, de la asociación
de apoyo a las personas presas
Salhaketa Bizkaia –otra organización
que forma parte de la Coordinadora–,
“ante todo, volvemos a
constatar que pese a las declaraciones
oficiales, las versiones policiales
y la negación de una mayoría social,
la tortura sigue siendo una realidad
en España. Una realidad que, además,
está más extendida de lo que se
quiere reconocer, que afecta a todo
tipo de personas y que implica la realización
continuada de un crimen de
lesa humanidad por parte de funcionarios
de los cuerpos de seguridad”.

La parte estadística del informe
recoge que la media estatal de denuncias
ha sido de 1,15 por cada cien
mil habitantes. “Como en informes
anteriores, observamos una clara relación
entre la existencia de organizaciones
de defensa de Derechos
Humanos activas, en sociedades con
mayor nivel de lucha social y alternativas
políticas, con la existencia de
un mayor número de denuncias por
tortura y malos tratos
”, sostiene
Alonso. “No es tanto que haya más o
menos agresiones, es la capacidad
que tenemos de llegar a conocerlas”.

“Respecto a los territorios en los
que sí tenemos presencia y datos
–mantiene Hernández–, Melilla (con
7,89 casos por cada cien mil habitantes),
Euskal Herria (con 4,69) y Ceuta
(con 3,75) son las zonas en las que la
media de 1,15 está más que triplicada.
Esto ayuda a entender las obsesiones
del Estado español y donde
aplica más violencia: la frontera sur
(o lo que es lo mismo, la inmigración
africana) y la frontera norte (el enquistado
conflicto independentista
vasco). Tras estos tres territorios viene
Madrid, con 2,14 casos, tasa que
se explica por el hecho de ser centro
y capital (concentra protestas, manifestaciones...
)”.

Grupos de riesgo

El informe también analiza las personas
a quienes se aplica la tortura.
Según Hernández, “son ante todo las
entendidas como problemáticas por
el Estado, y se dividen en dos grandes
grupos: los disidentes sociopolíticos
y los marginados socioeconómicos

(categorías que se confunden
en algunas personas). Cada caso implica
un riesgo específico: en primer
lugar las personas detenidas en régimen
de incomunicación, que están
en una situación de alto riesgo de tortura.
Son un 11% de las denuncias,
pero dos de cada tres personas incomunicadas
denuncia algún tipo de
maltrato. La detención incomunicada
se aplica a disidentes sociopolíticos”.

“En esta categoría también entran
las personas agredidas por el
Estado por participar en movilizaciones
sociales, que son la mayoría de
las denuncias recogidas en 2010 y
que suponen un 37% de las denuncias”,
añade Hernández. Éste destaca
“la presencia de grupos marginados
socio-económicamente: las personas
migrantes (23,5% de las denuncias),
las personas presas (16%)
y los menores recluidos en centros
de internamiento (2%). Finalmente,
un 14% de las denuncias provienen
de otras situaciones, como controles
de alcoholemia, botellones, actos deportivos,
etc.”. En conclusión, explica
Hernández, “si bien cualquier persona
puede sufrir una agresión policial,
las posibilidades se multiplican por
tres para los marginados socio-económicos
y por cuatro para los disidentes
sociopolíticos”.

Siete años recopilando los abusos
de los funcionarios públicos permiten
tener una perspectiva. “Si, con
los datos de los siete informes, elaborásemos
una gráfica con la tendencia
general en el numero de denunciantes
de tortura y situaciones en
que se producen las agresiones, obtendríamos
una recta prácticamente
horizontal” afirma del Cura. Pese a
ello, lamenta, “la actitud de las instituciones
ha sido la misma año tras
año: silencio oficial. Ninguna declaración
sobre los datos: ni se niegan
ni se confirman”.

Hernández redunda: “Más allá
de las tendencias, hay que sacar
dos conclusiones: una que la tortura
es una realidad “más que
esporádica” como dijo un relator
de la ONU, y dos, que no hay una
voluntad política ni social de reconocer
la existencia de este problema,
lo que implica básicamente
que no se quiere afrontar. La decisión
de amparar la tortura con la
impunidad es política”.

«LAS POLICÍAS NACIDAS EN 'DEMOCRACIA' TAMBIÉN ACUMULAN DENUNCIAS»

El informe aborda también la
implicación de los diferentes
cuerpos de seguridad. Según Alicia
Alonso, «el Cuerpo Nacional
de Policía acumula el 41,11%,
con 79 casos y 222 denunciantes,
seguido de la Policía Local
con un 15,74%, los Funcionarios
de Prisiones el 15,55% y la Guardia
Civil, el 14,63%. Los Mossos
d'Esquadra cuentan con un
9,63% y la Ertzaintza con 3,15%,
sin olvidar lo que se ha incluido
en 'otros' con un 2,40% en el
que entraría Personal de Centros
de Menores, Policía Portuaria,
Policía Militar, etc». Datos que
Hernández valora duramente:
«Policías nuevas, nacidas y desplegadas
en 'democracia' como
la Ertzaintza o los Mossos acumulan
denuncias y evidencian
conductas violentas hacia la ciudadanía.
Debería hacernos reflexionar
la falta de voluntad política
que subyace. El sacrificio de
determinadas libertades en aras
de la seguridad ha supuesto un
mayor control policial y, en paralelo,
malas praxis policiales».

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