Detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones. Los familiares de activistas recorren Europa denunciando el caso del profesor Damián Gallardo, el estudiante Enrique Guerrero y el abogado Librado Baños.
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Tres sentencias del Tribunal de Justicia de la UE dan por probada la discriminación a trabajadores temporales.

En Roma un grave episodio de racismo cotidiano y abuso de poder pone en luz como el descontento popular es dirigido hacia cómodos chivos expiatorios.

Frente a una única planta, proponen la descentralización en diez instalaciones diferentes y el cambio del sistema de recogida de basuras.

Desde ayer y hasta el 9 de octubre, la sede del alto tribunal será un punto de encuentro, actividades y protesta ante las sentencias dictadas sobre las cláusulas abusivas.

La Radical Independence Campaign reunió a organizaciones sociales y políticas escocesas dos años después del referéndum que mostró la pujanza del movimiento a favor de la independencia del Reino Unido.

El 7 de octubre de 2001, los Estados Unidos lanzaban sobre Afganistán la “Operación Libertad Duradera”. Quince años después, hablamos con la diputada y activista afgana Malalai Joya sobre la ocupación militar, la situación de las mujeres y la situación política del país.
Pese a que en algunos niveles la judicatura está conteniendo los peores abusos de la banca, las cúpulas judiciales están frenando las interpretaciones garantistas sobre el derecho a la vivienda.

La ministra británica Amber Rudd ha anunciado un plan que incluye medidas como la creación de un censo de trabajadores extranjeros, la posible restricción de la entrada de estudiantes foráneos y la reducción a 100.000 del número de migrantes anuales.

La fuga de 67 personas del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera la Verde (Murcia) vuelve a manifestar las pésimas condiciones de unas instalaciones en las que se priva de libertad por carecer de permiso de residencia.

Un 61% de los contratos adjudicados por la Consejería de Sanidad en 2015 fueron a parar a empresas pertenecientes a algún lobby sanitario, como Farmaindustria, la Fundación Idis, la Sociedad Española de Directivos de la Salud o el club Gertech.

La nueva estructura tiene capacidad para intervenir, con 1.500 efectivos, en fronteras de Estados de la UE, aun en contra de su voluntad, y en países no miembros de la Unión.

El salario y la precariedad de los trabajadores son los puntos rojos que han llevado al bloqueo de la negociación del convenio colectivo del sector.