SUBVENCIONES Y PUBLICIDAD. Pese a las peticiones de muchos colectivos de una
RTVE pública y de calidad, su directora general apuesta por una financiación mixta.

Los gobiernos de Felipe
González se apoderaron de
RTVE violando el Estatuto
de la Radio y la Televisión:
secuestraron la información, arruinaron
el sistema de financiación y
desprestigiaron a TVE y RNE para
que los ciudadanos no sintonizaran
con un servicio público tan decisivo
en la calidad de la democracia como
la sanidad y la educación.

En la política de González está el
origen de lo que Zapatero va a consumar:
convertir RTVE en un bonsai
como los que Felipe cultivaba en
la Moncloa.

Lo lógico era que la derecha quisiera
jibarizar RTVE para dejar la
información en manos del mercado
y que los negocios ocuparan el
imprescindible espacio del servicio
público. Pero que lo hicieran los
gobiernos del PSOE parecía el suicidio
de su supuesta política socialdemócrata.

No es un suicidio. Es que no hay
política socialdemócrata. Cancelan
la alianza con los ciudadanos y prefieren
el pacto con los grandes grupos
audiovisuales. Es la ejecución
de una barbaridad política, económica
y social que incluso va en contra
de la retórica de la UE, que sólo
mantiene con palabras la evidente
necesidad de una buena radiotelevisión
pública con suficiente presencia
como para garantizar la calidad
de la democracia mediante el acceso
universal y gratuito a una información
sin trampas.

Reducir la plantilla de RTVE y
aumentar los contratos basura significa
convertir a la radiotelevisión
pública estatal en un bonsai condenado
a consumirse por inanición.
Argumentan (el Gobierno, el
PP y las empresas que quieren
capturar la audiencia y la publicidad)
que RTVE está en quiebra
por su endeudamiento, que no es
rentable y que acumula demasiados
trabajadores.

Todos mienten. La deuda es del
Estado y no de RTVE. Los gobiernos
de González (y después los de
Aznar) impusieron un sistema de
financiación que violaba el Estatuto
de la Radio y la Televisión:
préstamos bancarios en lugar de
la aplicación de los Presupuestos
Generales del Estado. Si a un trabajador
no le paga su empresa y
le obliga a recibir su salario con
créditos cuya devolución la misma
empresa garantiza, ¿de quien
es la deuda? ¿Del trabajador o de
la empresa? ¿Saben los ciudadanos
que el sistema de financiación
impuesto por González ha aumentado
en 300.000 millones de pesetas
la carga para los impuestos de
la factura de RTVE como consecuencia
de los intereses pagados
a los bancos, que han hecho así
uno de sus mejores negocios?

Mienten también sobre la rentabilidad
y la plantilla. La rentabilidad
de RTVE debe ser su rentabilidad
social: el servicio público,
universal y gratuito, que garantice
con buena información la vitalidad
de la democracia. Y mienten
sobre el supuesto exceso de plantilla
porque RTVE es la radiotelevisión
pública con menos trabajadores,
menos presupuesto y más
productividad de la Unión Europea.
¿Aceptaría la Directora General
un debate con los sindicatos
en TVE para aclarar la situación
actual y el futuro de RTVE?

El Gobierno de Zapatero añade
a las mentiras la barbaridad de
una reforma con la que va a hacer
lo contrario de lo prometido: en
vez de esperar a la aprobación de
la nueva ley en el Parlamento que
establezca las funciones de RTVE
y determine el presupuesto y los
trabajadores necesarios, lo que
anuncian es el bonsai de financiación
y plantilla que impondrá un
modelo testimonial de radiotelevisión
pública.

González arruinó la credibilidad
y la financiación de RTVE. Zapatero
va a liquidar la radiotelevisión pública
estatal. Y sólo la estatal porque
no se enreda con las radiotelevisiones
de las comunidades autónomas
para facilitar los acuerdos
con los nacionalistas.
Añadir ahora una petición puede
parecer el colmo de la ingenuidad.
Pero si ya han decidido jibarizar
TVE en beneficio de la televisión comercial,
que dejen por lo menos un
bonsai moderno: servicio público
de información, universal y gratuito,
a través del Canal 24 Horas y una
TVE Internacional (fundamentalmente
informativa) que compita
con la CNN mediante una política
de Estado basada en la influencia
latinoamericana de nuestro idioma.