Camuflar la dirección IP de un ordenador para proteger la identidad de la persona que lo usa es bastante sencillo. Basta con usar una cuenta anónima y acceder a internet a través de un punto de acceso público o una wifi ajena. También es posible usar una red de comunicaciones distribuida y anónima como es TOR (torproject. org). El acceso a internet a través de esta red garantiza la privacidad de manera bastante fiable y existen aplicaciones para conectarse a TOR compatibles con todos los sistemas operativos, incluidos los de teléfonos móviles.

Sin embargo, este tipo de enfoque, comparable a cubrirse con capucha y careta de Anonymous en las manifestaciones, merece una reflexión más profunda en el contexto de las nuevas formas de movilización social surgidas a partir del 15M. ¿Queremos ocultar nuestra identidad para convocar movilizaciones que son no violentas, perfectamente legítimas y moralmente imprescindibles en los tiempos que corren? ¿Tiene sentido ocultarse cuando se transmiten los consensos alcanzados por asambleas, es decir, cuando la decisión de convocar es colectiva y cuenta con apoyo social?

¿Queremos ocultar nuestra identidad para convocar movilizaciones que son no violentas, perfectamente legítimas y moralmente imprescindibles en los tiempos que corren?

En entornos activistas no hay unanimidad en las respuestas. Desde el 15M, la transparencia y la apertura han servido para que los discursos fueran fáciles de asumir por todo el mundo, para ser “inclusivas”. Además, si se demanda transparencia y que se fomente una mayor participación ciudadana en las instituciones políticas, parece lógico que estos principios sean esenciales en las formas de hacer del movimiento. Esconderse implicaría reconocer de forma implícita que se está haciendo algo ilegítimo y, quizá, volver a ciertas formas de especialización militante de corte identitario anteriores a la eclosión del 15M. Entre los motivos a favor de la autoprotección a través del ocultamiento está el lógico miedo a los efectos que sobre nuestra vida pueden tener las medidas de castigo que propone el Gobierno. 

Como ejemplo de a dónde quiere llegar el Ministerio del Interior y por dónde alimenta este miedo, cabe recordar que en el sumario del 25S instruido por la Audiencia Nacional estaban identificadas varias personas que gestionaban el correo electrónico y los perfiles sociales de Ocupa el Congreso. Sin embargo, este mismo ejemplo resulta también tranquilizador dados, de una parte, el nulo resultado que tuvieron las investigaciones (ya que la Audiencia Nacional archivó la causa) y, de otra, el ridículo papel que hizo el Ministerio del Interior tratando de presionar a la Justicia para que encausara a estas personas por delitos inexistentes.

La exposición pública a la que fueron sometidas adquiere sentido y potencia comunicativa al poner en evidencia, de forma palmaria, que lo llaman democracia aunque cada vez se parece más a otra cosa.

Hay más casos que ayudan a pensar el dilema de la exposición pública, si bien no en un sólo sentido. Uno es el hecho de que sea frecuente no comunicar las convocatorias a la Delegación del Gobierno por el cauce oficial (al menos en Madrid). Otro tiene que ver con la acción Toma el Metro, en la que la identidad de algunas activistas fue desvelada por la labor policial, contribuyendo así a su criminalización pública (¿qué pasaría si fuéramos cientos, con nombre y apellidos, quienes mañana tiráramos de la palanca?).

Por último, quizá quepa extraer alguna enseñanza de la propia experiencia de la Plataforma En Pie, convocante inicial del 25S, cuyos miembros ocultaron su identidad y celebraron reuniones a puerta cerrada pero no evitaron con ello ser criminalizados (en el sumario citado, se relata cómo fueron perseguidos por policías de paisano y, además, dos de ellos fueron detenidos por la Brigada de Información en la manifestación sindical del 15 de septiembre).

En definitiva, la posibilidad de que el Gobierno intente castigar a quienes convocan o difunden acciones de desobediencia civil resalta la importancia de discutir estas cuestiones en los movimientos sociales con presencia en la red. Pese a que enmascarar las identidades en internet protege a las personas que comunican las acciones, también resulta importante mostrar a las claras la deriva autoritaria de gobiernos más preocupados por su propia perpetuación que por la salvaguarda de derechos básicos como el de expresión o el de reunión.

Si estamos convencidas de que nuestras acciones son legítimas, la transparencia es un arma política a tener en cuenta.

La decisión acerca de la propia exposición es personal, pero debe verse correspondida por un respaldo colectivo (como en todo acto de desobediencia civil) que cree las condiciones más favorables para quienes decidan desobedecer sin máscara ni capucha. Nuestra hipótesis, por ahora, es que tenemos mucho más que ganar si continuamos explorando, sin miedo, el camino de la acción a cara descubierta.