Las comunidades autónomas
que más prisa se han
dado en adjudicar alguna
de las 866 frecuencias
transferidas por el Gobierno estatal
han sido precisamente las gobernadas
por el PP (Rioja, Madrid
y Baleares), que ya han convocado
el concurso para su adjudicación.
En breve también lo harán Valencia
y Murcia. Quienes quieran optar
a estas licencias tienen menos
de dos meses para presentar la amplia
documentación exigida. La adjudicación
de las emisoras podría
hacerse justo después de las elecciones
municipales. Una coincidencia
que deberán tener en cuenta
los medios y cadenas de radio
que optan a estas frecuencias.

¿Y cómo se reparte tan preciado
botín? Aunque no lo parezca, la radiodifusión
está declarada como un
servicio público esencial. El espectro
de frecuencias es un bien público
(y un recurso escaso) cuya titularidad
se ha atribuido el Estado, si
bien son desde hace algunos años
las CC AA las que se encargan de la
adjudicación de radios y TV mediante
concesiones de 10 años, renovables.
Pasa casi una década entre cada
plan técnico, que determina las
nuevas frecuencias disponibles.

Luego las CC AA convocan un concurso
público para adjudicar las
frecuencias asignadas, valorando
criterios como el fomento de los
valores culturales-sociales de la
zona, la pluralidad informativa, la
viabilidad del proyecto, etc. En teoría
cualquier persona o entidad
(incluidas las no lucrativas) pueden
presentarse a estos concursos
pero tienen que competir con las
grandes empresas. La adjudicación
no la deciden organismos independientes
sino el Gobierno de
turno, con la habitual polémica ante
el reparto a medios o empresas
afines (DIAGONAL n°23). Sólo
Cataluña, Navarra, Andalucía y
Galicia cuentan con consejos audiovisuales
que velen por el cumplimiento
de las condiciones de
concesión, y sus informes (salvo el
reciente caso del Comité Audiovisual
de Cataluña) no son vinculantes.
Al final muchas concesiones
son “vendidas o alquiladas” a alguna
cadena de radio, se amplía de
forma irregular la cobertura para
llegar más lejos. Pero no sólo se especula
con las concesiones; en
ciudades como Madrid existe un
lucrativo negocio de “alquiler de
frecuencias vacías” para emisoras
comerciales sin licencia.

Hasta hace unos años las radios libres
y comunitarias se han desarrollado
al margen de esta problemática,
liberando una parte del dial
para hacer de la radio un espacio de
expresión y participación ciudadana.
Sin embargo su presencia de más
de 20 años en el dial no está siendo
ni reconocida ni respetada (Especial
DIAGONAL nº 24) y este último reparto
de FM nos afectará directamente.
La invasión del dial por emisoras
comerciales (con y sin licencia)
y el bloqueo para acceder a frecuencias
de forma legal nos dejan
sin espacio en el dial. A pesar del
peligro de multas o cierres, la mayor
amenaza es la falta de aire para
emitir. Una asfixia progresiva que
ya sufrimos en Madrid, donde nuestra
cobertura es ya muy escasa al
ser pisados por otras emisoras.
El resultado final: un dial lleno
de radiofórmulas y sucursales de
cadenas. Pérdida de lo local ante
la concentración empresarial. El
dial pasará a ser un simple producto,
un espacio más para el poder y
la especulación. Sólo unos pocos
accederán a un bien público y éste
no responderá a las verdaderas necesidades
sociales.