Indymedia Estrecho

SEVILLA. Carga policial en el desalojo
del CSO Casas Viejas, el 29
de noviembre de 2007.

En su examen, de forma contundente
y concisa, el Comité
identifica varios elementos
que evidencian un
incumplimiento del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y políticos.
Referente a la tortura y otros tratos
crueles, inhumanos y degradantes,
el Comité “…observa con preocupación
que continúan denunciándose
casos de tortura y que el Estado
parte no parece haber elaborado una
estrategia global, ni haber tomado
medidas suficientes para asegurar la
erradicación definitiva de esta práctica.
El Estado parte todavía no ha
adoptado un mecanismo eficaz de
prevención de la tortura, a pesar de
las recomendaciones en este sentido
de diferentes órganos y expertos internacionales
(art. 7). El Estado parte
debe acelerar el proceso de adopción
de un mecanismo nacional de
prevención de la tortura, conforme a
lo dispuesto en el Protocolo Facultativo
de la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, teniendo
en cuenta las recomendaciones de
los diferentes órganos y expertos internacionales,
la opinión de la sociedad
civil y de todas las organizaciones
no gubernamentales que luchan
contra la tortura”.

Silencio absoluto

Pese a las grandilocuentes declaraciones
de los representantes del Estado
sobre su compromiso (no olvidemos
que en los próximos días se
presentará en público el ‘Plan Nacional
de Derechos Humanos’), nada ha
dicho el Gobierno español al respecto.
Ha mantenido un absoluto silencio.
Está dejando pasar el tiempo a la
espera de que se olvide el informe y
no hará nada que pueda desatar un
escándalo. En esta labor de silenciamiento
y ocultación de la información
cuenta con el apoyo, más o menos
explícito, de la mayoría de las
fuerzas políticas del Estado y de los
grandes medios de comunicación
que, literalmente, no hablan del informe.
Éste es un hecho que tendría
que hacernos reflexionar sobre la calidad
informativa en nuestro Estado.
Hace unos años, los diferentes gobiernos
españoles, y con ellos los
medios de comunicación mayoritarios,
reaccionaban virulentamente,
con negaciones y descalificaciones,
frente a cualquier informe que osase
cuestionar la verdad oficial: “En
España no hay tortura”, ya fueran
organizaciones internacionales (como
Amnistía Internacional o Human
Rights Watch) como instituciones de
Naciones Unidas o del Consejo de
Europa. Por poner un ejemplo, recordemos
la reacción ante el informe
de 2003 de Theo van Boven, ex
relator especial de la ONU para la
Cuestión de la Tortura, y su ratificación
tras su visita al Estado en octubre
de ese año. Estas campañas de
desprestigio no solamente no impidieron
que los siguientes informes
fuesen menos críticos sino que, al
contrario, cuestionaron la credibilidad
de los gobiernos y medios que
así reaccionaban, por ello, unos y
otros, el Gobierno y los medios mayoritarios,
han cambiado de táctica:
cualquier informe que afirme o insinúe
que en España se practica la tortura,
siquiera sea por no negarla rotundamente,
será ignorado… o lo
que es peor, manipulado, de forma
que se sacarán de contexto determinadas
frases que harán irreconocible
el informe original.
Esto, que ya ocurrió con las Conclusiones
Preliminares del Relator
Especial de ONU sobre los Derechos
Humanos y la Lucha contra el
Terrorismo, publicado en mayo de
2008, ha vuelto a suceder con el nuevo
informe del Comité de DD HH de
la ONU. Sólo algunos medios en
Euskal Herria y los medios alternativos
(escritos como Triangle o Diagonal,
o electrónicos como La Haine,
Kaosenlared, Rebelión, etc.) se
hicieron eco del informe. Los grandes
grupos mediáticos no han publicado
absolutamente nada.