EDUCACIÓN // DEMOCRACIA, CONTROL Y SUMISIÓN
El sueño de una universidad bajo control total

El profesor de Sociología de la Universidad de Alicante
denuncia la falta de libertades, tanto laborales como
sociales, que caracterizan en los últimos años la
situación de las universidades.

26/06/08 · 0:04
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UNIVERSIDAD AUTORITARIA. Policías antidisturbios momentos antes de desalojar el encierro de la Universidad Autónoma de Barcelona el pasado 4 de marzo.

Actualmente, la Universidad
presenta unas pautas
de funcionamiento
que pueden considerarse
como contradictorias con algunos
de los principios democráticos más
elementales. De hecho, iniciativas
como la Plataforma contra el Acoso
Laboral y por la Democracia en la
Universidad de Sevilla o la Plataforma
contra la Corrupción y el
Acoso en la Universidad Pública,
que en octubre de 2008 celebrará
ya su tercer congreso, deben ser interpretadas
como reacciones a algunas
de las manifestaciones de este
proceso. Los cada vez más numerosos
casos de acoso laboral,
abonados por una estructura de
funcionamiento que confunde la
autonomía de los departamentos
universitarios con la impunidad para
cometer casi cualquier arbitrariedad,
se han convertido en un síntoma
inequívoco del autoritarismo
que rige una parte importante de la
vida universitaria.

Es cierto que la Universidad ha
arrastrado por mucho tiempo algunos
de los tics autoritarios del régimen
franquista. Es más, no debe
olvidarse que su proceso de adaptación
a la democracia fue incluso
más tibio que el experimentado por
otras instituciones del Estado. Pero
han pasado ya casi 33 años desde
la muerte del dictador y resultaría
demasiado reduccionista continuar
explicando la existencia de determinados
problemas sólo por la pervivencia
de los usos y costumbres
de la dictadura.

Las sucesivas reformas no han
hecho nada sustancial para impedir
que este tipo de comportamientos
se extiendan y sean integrados
como aceptables. Es también en
ese contexto en el que deben ser
entendidos los episodios de persecución
laboral, tan frecuentes en
los procesos de selección de personal
docente e investigador.

No alejados en su filosofía antidemocrática
de los ejemplos anteriores,
la puesta en práctica en varias
universidades de los controles
anónimos para comprobar la asistencia
a las aulas del profesorado,
suponen otra vuelta de tuerca más.
Estos controles, que por su carácter
anónimo, dejan a los docentes
en una total indefensión ante posibles
abusos, han sido incluso realizados
por estudiantes voluntarios,
convertidos así en vigilantes a los
que, además, se premia con créditos
por su trabajo policial.

Pero la merma de libertades
afecta muy directamente a los estudiantes.
En mayo el gerente de la
Universidad de Alicante, bajo la excusa
de una infracción imaginaria
de la Ley de Protección de Datos
por parte de de seis estudiantes de
Sociología, paralizaba un trabajo
de curso sobre la precariedad laboral
del personal docente e investigador
de dicha Universidad. Los estudiantes
fueron instados a firmar
un documento que les comprometía
a no seguir con el estudio. Simultáneamente,
los profesores de
la asignatura recibían una carta en
la que se les conminaba a delatar a
los estudiantes.

Éstas y otras acciones instalan el
miedo entre los estudiantes, recordando
de paso que hay ciertos objetos
de investigación que en la
nueva universidad no proceden. Si
situaciones como las descritas se
dan ya ahora en diversas universidades
españolas, ¿qué sucederá
cuando la influencia del sector privado
y, en especial, de las grandes
empresas, sea determinante en el
gobierno y financiación de las universidades
públicas? Seguramente
estemos ante el adiós definitivo a lo
que durante tantos años se llamó libertad
de cátedra.

El sueño de una “comunidad bajo
control total”, la aspiración a gobernar
unos campus convertidos
en una suerte de barrios cerrados,
parecen haberse hecho fuertes en
las mentes de algunos responsables
universitarios. La instalación
de sistemas de video-vigilancia o el
papel creciente otorgado a las empresas
de seguridad privada en los
campus, acompañan un proceso de
disciplinarización completado con
medidas como algunos de los sistemas
de complementos salariales,
que dejan en manos de los directores
de Departamento un poder real
para castigar arbitrariamente a los
trabajadores que no sean de su gusto.
Las nuevas directrices de funcionamiento
se traducen con frecuencia
en una maraña burocrática
que encorseta, homogeneiza y
restringe la actividad docente e investigadora.
En realidad, no son sino
una más de las manifestaciones
del proceso de reforma, disfrazado
convenientemente con un discurso
aparentemente progresista. Enfrentados
a esta moda modernizadora,
excelentes docentes de la vieja
facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la UCM como Jesús
Ibáñez o Luis Martín Santos, habrían
resultado evaluados negativamente
y, con toda seguridad, llamados
a someterse al nuevo orden
homogeneizador. Pero también es
seguro que estos docentes no habrían
abrazado con pasividad el
nuevo panóptico universitario, no
se habrían quedado cruzados de
brazos esperando unos tiempos
mejores que, con toda seguridad,
no llegarán de la mano del silencio
y la obediencia.

La implantación del EEES
no mejorará la situación

Soplan vientos de
reforma en la Universidad.
El tiempo para la
adaptación definitiva
al Espacio Europeo de
Enseñanza Superior
(EEES) se acorta y
cada vez se decanta
con mayor claridad el
nuevo modelo de Universidad.
El proyecto
europeo para la enseñanza
universitaria,
como la aprobación
de la jornada laboral
de 65 horas semanales
o la reacción frente
a los resultados del
reciente referéndum
en Irlanda, es un síntoma
más de la deriva
neoliberal que desde
hace años gobierna la
Unión Europea.
Pero este proceso de
reforma no implica ni
mucho menos una
ruptura con la evolución
seguida por la
Universidad, al menos
en la última década.
En realidad, el llamado
Proceso de Bolonia,
iniciado en 1999,
ha venido a ordenar
una serie de tendencias
ya en marcha,
proyectándolas a los
48 países que se han
sumado hasta la
fecha. Así, en muchas
de nuestras universidades
no resulta
demasiado complicado
identificar desde
hace tiempo las consecuencias
de esta
orientación modernizadora.
Y de entre
ellas, la erosión
democrática es una
de las más preocupantes.

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