Desde finales de octubre, el Senado de EE UU ultima los detalles para refrendar la Stop Online Piracy Act, más conocida como SOPA. Bajo la excusa de regular el intercambio de archivos protegidos por copyright en internet, esta propuesta de legislación federal pretende establecer un mecanismo rápido para bloquear sitios web a petición del Departamento de Justicia, sin mediación de un juicio. En principio, el proyecto preveía que los propietarios de los derechos supuestamente infringidos tuvieran potestad para cerrar webs, pero la movilización de activistas y, sobre todo, de empresas del sector ha convencido a quienes cocinan la SOPA para modificarla. El texto definitivo se conoció el lunes pasado y se someterá a votación de los senadores a finales de esta semana.

Con la SOPA, si un propietario de copyright sospecha que un sitio web viola la licencia de su producto, enviará una carta al dueño del
sitio para que lo elimine en un plazo de cinco días. Si consigue que la carta la envíe el Departamento de Justicia, la petición será de cumplimiento obligatorio y también las proveedoras de conexión a internet y de nombres de dominios (DNS) tendrán que bloquear el acceso. La primera versión de la SOPA establecía que los anunciantes y las intermediarias de pago como Visa o Paypal cortaran el grifo a las webs presuntamente infractoras simplemente con la queja del propietario de los derechos. Sin embargo, las críticas han conseguido que la congelación de ingresos no se pueda hacer sin un dictamen judicial.

La asfixia financiera fue sugerida
por la consejera de políticas públicas de Google, que acudió como experta al Senado y citó el ejemplo de
Wikileaks como caso de éxito: “Si ustedes pueden conseguir que la industria en
conjunto ahogue su publicidad y paralice los pagos a estos sitios, sería
eficaz sin tener que introducir daños colaterales como la libertad de
expresión o la propia arquitectura
de internet”. No obstante, según SOPA, Google también tendría que eliminar de los resultados de su buscador las páginas sospechosas a petición del Ministerio Fiscal. En
cualquier caso, todas las proveedoras de
servicios tendrán inmunidad
respecto a posibles demandas de
webs afectadas, que sólo podrían
exigir responsabilidades a los dueños de los derechos si demuestran
que les denunciaron de mala fe.

Los apagones no sólo afectarían a
las webs de EE UU porque este país concentra la mayor parte de la infraestructura de la red, que por tanto está bajo
su jurisdicción. En territorio norteamericano se encuentran numerosas
empresas que albergan en sus servidores contenidos de todo el mundo
y también la Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers
(ICANN), organización sin ánimo
de lucro que guarda el registro de
nombres de dominios. Es más, la
SOPA establece que el fiscal general de EE UU podrá exigir un mandamiento judicial para bloquear
aquellas páginas extranjeras que
“roban y venden innovaciones y productos americanos”.

Amenaza para la participación

Defensores de la cultura libre como
las fundaciones Free Software,
Electronic Frontier o Wikipedia levantaron la alerta en cuanto se conocieron los primeros detalles de la ley.
En un comunicado emitido por
Creative Commons se califica de
“amenaza” porque otorga a los titulares de los derechos “una vía rápida
para cerrar páginas web enteras”, por
crear conflictos entre los servidores
DNS que facilitan ataques cibernéticos y porque “promueve la censura a
nivel global”. No en vano, la técnica de
bloqueo de DNS es la misma que
practican los gobiernos de China e
Irán para ejercer censura política. Además, según esta organización, la
SOPA aumentará drásticamente los
costes y riesgos de la creación de plataformas para el intercambio y la
colaboración, por lo que pondrá en
peligro la continuidad de las comunidades de software y obras libres.

Pero no sólo afectaría a las prácticas colaborativas y horizontales en
red, sino también a la innovación empresarial. Gigantes como Google,
Facebook, Twitter, Yahoo, LinkedIn
e Ebay se han posicionado en contra
porque sus servicios se verían perjudicados y supondría trabas al desarrollo del comercio electrónico. Hasta
la Business Software Alliance cambió de idea y decidió dejar de apoyar
la SOPA porque “va demasiado lejos”. Quizá por estas presiones, el proyecto de ley definitivo repite la frase "dentro de lo técnicamente factible y comercialmente razonable" tras cada medida de bloqueo que decreta y deja abierta la posibilidad de que las empresas afectadas se defiendan si consideran que les supone demasiado gasto económico ponerlas en marcha.

Entre quienes la han apoyado desde el principio están lobbies de la industria cultural como RIAA (discográficas) y MPAA (cinematográficas); las mayores desarrolladoras de software Apple, Microsoft y Adobe y farmacéuticas como Pfizer. La industria del copyright se ha opuesto a reformulaciones garantistas propuestas por algunos senadores, que han tratado sin éxito de introducir en la norma a otras entidades reguladoras y más vías de defensa para las webs.

‘Game over’ para la privacidad

En la práctica, los mecanismos de control que exige la SOPA supondrían el fin de las
tecnologías que permiten la navegación anónima (Tor), burlar el bloqueo de DNS (proxies) o el intercambio distribuido de archivos (las
redes peer to peer, o P2P). Incluso
los proveedores de internet podrían
verse forzados a espiar los correos
electrónicos para asegurarse de no
ser corresponsables del tráfico de
material protegido. Además, según la organización
Public Knowledge, la redacción del
proyecto es tan ambigua que el hecho de que un consumidor norteamericano utilice una página web “da inmediatamente potestad a EE UU para actuar contra ella”.

Aún menos digerible es la PIPA
(Protect Intellectual Property Act),
que fue promovida por el Senado
en mayo. Este proyecto ya sufrió un
varapalo cuando, en junio, varias
de las entidades de capital de riesgo
que invierten en la Web 2.0 firmaron una carta conjunta que aseguraba que “acabará con la inversión
en servicios de internet y hará daño a la competitividad americana”.
Se quejaban de que los usuarios
buscarían alternativas fuera de
EE UU. Después fue reformulada
en la E-parasites (Enforcing and
Protecting American Rights
Against Sites Intent on Theft and
Exploitation Act), parecida a la SOPA pero con más instrumentos para actuar sobre webs extranjeras. Su desarrollo sigue su curso y podría ser el plan B de los lobbies industriales en caso de que la SOPA no prospere.

El ACTA, telón de fondo

Estas regulaciones se encuadran
dentro del tratado internacional conocido como ACTA, que tiene
como objetivo armonizar los mecanismos que garanticen la propiedad
intelectual a nivel mundial.

Bajo la óptica del ACTA, el presunto criminal a perseguir será el usuario, para lo que será necesario monitorear toda conexión a internet y controlar qué páginas visita y qué información envía y recibe. Para ello, el
ACTA pretende que todos los países
involucrados impongan estas labores
a las empresas proveedoras de conexión. La actividad diaria en internet será así observada por entidades privadas, que buscarán los momentos en
los que se envíen o descarguen contenidos protegidos con copyright.

La implantación del ACTA en la
Unión Europea se espera en los próximos meses. Sin embargo, el acervo
legal europeo no está preparado para
este tipo de regulaciones. El Tribunal
de Justicia de la UE ha recordado
en una sentencia reciente que el
derecho a la propiedad intelectual
no puede aplicarse en términos absolutos, sino que tiene que ponderarse con otros derechos como los
de protección de datos personales,
información y comunicación y libertad de empresa. La sentencia
afirma que ningún Gobierno europeo puede obligar a los proveedores de internet a que vigilen si sus
clientes utilizan P2P. Así ha acabado el litigio que una empresa belga
comenzó en 2004 cuando su
Gobierno pretendía que cortara el
servicio a sus clientes infractores.

Esta sentencia podría dejar obsoletas leyes como la Hadopi francesa,
que establece la monitorización para
que, cuando se detecte que una persona intercambia archivos protegidos, se le amenace con cortarte la conexión. Así, la Comisión Europea se
vería obligada a cambiar su opinión,
hasta ahora favorable a que la firma
de ACTA se traduzca en una legislación parecida a la SOPA.