A FAVOR DE RTVE. 8.000 personas se manifestaron en Madrid el 17 de diciembre,
en defensa de una radiotelevisión pública "moderna, fuerte y plural".

Juan Manuel Hidalgo, sindicalista
de UGT y presidente del Comité
Intercentros de RTVE, fue uno de
los 100 trabajadores del centro territorial
de San Cugat del Vallés
que impidió la emisión del programa
de máxima audiencia de La
Primera, ‘Mira Quién Baila’, en protesta
por el plan de reconversión del
Gobierno. En su relato para DIAGONAL
sobre las características de
la gestión de RTVE se entrevé una
política que ha hecho realidad la
profecía de la inviabilidad del Ente.

Contratar a precios increíbles
programas que luego se caen o ni
siquiera se emiten es, a juicio de
Hidalgo, una práctica habitual. No
hay control para estas contrataciones.
El programa de Arus, por ejemplo,
lo compra RTVE y se hace en
las instalaciones de Mediapro. TVE
sólo pone el dinero y si lo pierde no
hay dimisiones. Las adjudicaciones
a las productoras se conceden a dedo.
Y, a menudo, se hace al revés;
es decir, se encarga a un personaje
que haga un programa. Teóricamente
hay mecanismos para fiscalizar
el gasto y los contenidos pero,
en la práctica, no existen. Si el
Comité de Dirección vota y decide
que no, no se dan los informes de lo
que cuestan los programas ni a la
comisión parlamentaria, ni a la Intervención
Delegada de Hacienda o
al Comité de Administración.

El negocio de las productoras es
redondo. Con una inversión mínima
de capital social, proponen un
programa a un directivo con el que
tengan connivencia, este les aprueba
el proyecto y se emite -por
ejemplo- en la Segunda a las cinco
de la mañana. La productora cobra:
si el programa funciona, bien;
sino, también. Nadie fiscaliza, ni
da razón. Ningún negocio cuenta
con tanto margen y tan poco riesgo.
Es imposible, dice Hidalgo, saber
el número de productoras que
trabajan para RTVE.

La productora Globomedia ha
comprado equipos terrestres de
emisión con el dinero que les ha
dado Televisión Española por los
programas contratados y, a su vez,
por subcontratar servicios que ya
hacen los centros territoriales.
Esta productora rentabiliza aún
más los equipos alquilándoselos a
Telemadrid e, incluso, a la misma
RTVE. Los contratos que le ha dado
la televisión pública a Globomedia,
en el último año, ascienden
a 15 millones de euros. El
mundial de fútbol se lo lleva
Canal+; la liga de baloncesto, la
Sexta y Cuatro; los campeonatos
de motociclismo es muy posible
que vayan a parar a la Sexta para
empezar a emitir el 27 de marzo
con una oferta interesante... a costa
de la pública.

Los programas que generen contenidos
molestos sufren cambios
de horario o de día sin previo aviso
para que caiga su audiencia. Esto
lo decide la misma gente que contrata
los programas a las productoras
y con el mismo grado de fiscalización
y responsabilidad: ninguno.
Les niegan medios, dinero, apoyo.
Así los neutralizan.

El modelo de RTVE que quieren
es una cadena con pocos trabajadores
y que compre, con dinero
público, contenidos a las productoras.
De paso, liquidar Radio3,
Radio5... todo lo que no implique,
a sus ojos, rentabilidad.

Reconversiones

El comité de empresa de RTVE no
duda que hace falta una reestructuración.
El convenio anterior se ha
quedado anticuado y es virtualmente
inaplicable a como se trabaja ahora.
Pero no pasa por un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE). Según
el comité, el ERE no se sostiene. El
sector audiovisual está en auge. Y es
en este momento de crecimiento
cuando se decide darle el hachazo a
RTVE. Se intenta, en realidad, que el
negocio se lo lleven las privadas. No
pueden eliminar la TVE ni que deje
de ser pública (por legislaciones
europeas) pero intentarán que su
importancia disminuya y su audiencia
sea mínima (modelo EE
UU). Ese modelo lleva a la concentración
de medios en muy pocas
manos y, quien controla los medios,
controla la opinión pública.
Un medio público tiene, necesariamente,
la función de quebrar esto,
dice Jose Manuel Hidalgo.

Lo de entrar en los platós, segúndice
Hidalgo en referencia al boicot
a ‘Mira quién baila’, no se había hecho
nunca. Como consecuencia de
entrar en los platós hay órdenes de la
Dirección General de que se abran
expedientes disciplinarios. La acción
era una respuesta a la declaración de
la SEPI de que sobraban trabajadores.
“Te cuentan que sobra gente y
están contratando todo fuera. Es un
discurso que no se sostiene y que
nadie refleja”, dice. Se cuenta que
los trabajadores no hacen nada y
ganan mucho. Hidalgo afirma que
es falso y que la plantilla está dispuesta
a sacar las nóminas a la luz
pública. La precariedad y los salarios
basura son la tónica en otras
operadoras y productoras.

Alternativas sindicales

Los sindicatos van a plantear a la
SEPI una alternativa: la rescisión
del modelo actual y la implantación
de uno donde se aumente la
producción y eso asegure los puestos
de trabajo. Más contenidos y
más capacidades para los centros
territoriales: En Cataluña, por
ejemplo, que gestionen el fútbol,
en Galicia los concursos, etcétera.

José Manuel Hidalgo se lamenta
de que estén intentando hundir el
modelo que habría precisamente
que fomentar: una RTVE pública, un
servicio útil y potente; sostenible,
económicamente independiente, basado
en la producción de contenidos
propios. Competitiva en audiencia
con las demás operadoras.

Pero la Dirección General de
RTVE, ocupada por Carmen Caffarel,
que viene del ámbito universitario,
no tiene un poder real y está
rodeada de técnicos procedentes del
sector privado. Mario García Castro,
su jefe de gabinete, es quien maneja
los hilos. Castro fue puesto por
Miguel Barroso, secretario de estado
de comunicación hasta septiembre
de 2005. Barroso, afín al grupo Prisa
y al Grupo Árbol, es responsable de
que se concediera la emisión en
abierto a la Cuatro de Polanco y la
concesión de la licencia a La Sexta.
Castro, por su parte, es el padrino de
Pablo Carrasco (jefe de programación
de TVE proveniente de la televisión
autonómica andaluza) que es
quien contrata contenidos a Globomedia.
Castro fue director de esa
productora antes de ser Jefe de
Gabinete de Caffarel.