POR LA ENSEÑANZA PÚBLICA. Más de 50.000 personas se congregan en
Madrid el 21 de mayo / Edu León

La privatización del servicio
público educativo y la defensa
de las condiciones laborales
del profesorado ha llevado
a más del 60% de los docentes y
del 80% de los alumnos a secundar
las jornadas de huelga y asistir a
grandes manifestaciones los días 7 y
21 de mayo, convocadas por CC OO,
FETE-UGT, STEM-STES, CSIT UP
y Sindicato de Estudiantes. Además,
contaron con el apoyo del resto de
organizaciones de la comunidad
educativa madrileña: la FAPA Giner
de los Ríos, Movimientos Ciudadanos
y de Renovación Pedagógica,
partidos políticos: IU, PSOE e Izquierda
Independiente agrupados en
plataformas, etc.

Hasta hoy, la Consejería de Educación
ha dado la callada por respuesta,
por lo que continuaremos
con movilizaciones en junio y con un
calendario de huelgas y manifestaciones
a partir de septiembre de
2008. Unas protestas que seguirán
teniendo como principal reivindicación
la defensa de la educación pública,
junto a las mejoras de las condiciones
laborales de los docentes.
Una privatización que se refleja en
la falta de definición, planificación y
ejecución de la red de centros de titularidad
y gestión pública a partir de
las cohortes de edad y proyecciones.

Incluida, por supuesto, en el concepto
neoliberal y mercantil de la Consejería
de Educación. Un proceso
que continúa con la venta de más de
50 parcelas públicas de uso educativo
“regaladas con concierto incluido”
a patronales integristas desde
2000. E, incluso, la venta de un colegio
público, el CEIP Miguel Ángel
Blanco en El Álamo.
El lubricante consiste en anteponer
la libertad de elección al derecho
a la educación, permitiendo a los concertados
seleccionar a sus alumnos.
Sus consecuencias: el 75,5% de los
inmigrantes y el 80% de los alumnos
con necesidades especiales acuden a
la pública; con la pérdida de 19.750
alumnos autóctonos, según CC OO;
y, por último, se suprimen, fusionan
y cierran centros públicos. Así, sólo
el 17% de los nuevos alumnos se dirigen
a la escuela pública, frente al
83%, que lo hace a la privada.

La privatización

Mejorar las condiciones de trabajo
docente, devaluadas con respecto a
la situación del resto de las comunidades
autónomas, es la segunda pata
de estas movilizaciones. Entre las demandas
se encuentran la homologación
retributiva, la reducción horaria
a mayores de 55 años, el pago de tutorías,
la conciliación de la vida familiar
y laboral... Y todo ello sin un plan
preferente contra el fracaso escolar.
Y la tercera pata es la exigencia de
la paralización del nuevo decreto de
Educación Infantil (0-3) de Madrid,
por rebajar el grado de titulación necesaria
para impartir clases; por reducir
los espacios y metros cuadrados
por alumno (a 1,5 m2); los patios
a 70 m2, e incluso se permite que éste
no exista; por aumentar el número
de niños por edad y adulto de 12 a 16
de un año; de 16 a 20 de dos años.