La demanda de seguridad
ciudadana suele ser una de
las consignas preferidas
del populismo punitivo. En
su nombre, se exigen medidas como
el endurecimiento de penas o la
mayor contundencia policial frente
a las protestas sociales. Sin embargo,
hay sucesos que permiten cuestionar
este planteamiento.

Uno de los más impactantes fue
seguramente el que tuvo lugar durante
los disturbios posteriores a
la victoria de la selección española
en la Eurocopa. Entonces, un “objeto
volador” impactó en el abdomen
del jefe de la Guardia Urbana
de Barcelona, Xavier Vilaró. A
consecuencia de ello, el mando policial
fue ingresado en la UCI y sometido
a una complicada operación
en la que le extirparon el bazo.
Durante cinco días, el Ayuntamiento
ocultó el incidente y dio
pie a todo tipo de conjeturas. Al final
se supo que el misterioso “objeto
volador” había sido un proyectil
de goma disparado por la propia
Policía catalana. O sea, una bala
perdida entre fuego amigo.

Llaman mucho la atención las
razones aducidas por las instituciones
responsables para explicar el
ocultamiento de los hechos. El
mando policial, sin subterfugios,
justificó su actitud como un acto de
“lealtad al sistema”. La portavoz
municipal, en cambio, aludió al respeto
a la “intimidad” del afectado.

Este tipo de argumentos son recurrentes
y obedecen a una vieja tentación
predemocrática que pretende
excluir las actuaciones policiales
de la crítica y el debate político.
El derecho a la información y a la
verdad demasiado a menudo se sacrifica
a un discutible sentido de la
“razón de Estado”. En el caso Vilaró
esa ocultación resulta aún más
grave cuando la propia identidad
de la víctima –el mando que codirigía
el dispositivo policial– despeja
cualquier duda sobre la arbitrariedad
y el descontrol que rigieron la
actuación. ¿No debería el debate
centrarse en la legalidad del uso de
unos proyectiles que pueden superar
los 250 kilómetros y que amenazan
seriamente la integridad física,
no ya del jefe de policía, sino
de cualquier persona?
Debate sobre las armas
Las asociaciones de derechos humanos
llevan tiempo reclamando
un debate sobre el uso de ésta y
otras armas policiales. En 2005, el
uso no autorizado de porras extensibles
por la Guardia Civil causó la
muerte de un agricultor almeriense
en el cuartel de Roquetas de Mar.

Dos años más tarde, algunas unidades
policiales adquirieron unas
temibles pistolas Taser que han
causado víctimas mortales en los
EE UU. El mismo año, entró en escena
el celebre punzón llamado kubotán,
utilizado sin autorización
por antidisturbios catalanes en una
manifestación en Barcelona.
En el caso de las escopetas antidisturbios
y las balas de goma,
el balance del último año en el
Estado es preocupante: 60 personas
hospitalizadas y cuatro que
han perdido un ojo. En otras ocasiones
sus efectos incluso han
sido letales. En la mayoría de países
europeos, muchos de estos
instrumentos de represión están
prohibidos y han dado paso a
métodos a priori menos contundentes.

En el Estado español, en
cambio, todavía hoy forman parte
del equipo reglamentario de las
unidades antidisturbios de las
policías estatales y autonómicas.
Nada de esto tiene que ver con el
ideal normativo de un Estado de
derecho en el que la gestión del orden
público exige un uso puntillosamente
regulado y controlado de
la fuerza. Además del despliegue
de medios o técnicas disuasorios lo
menos lesivos posible. La “lealtad
al sistema”, o a los principios que
las fuerzas de seguridad aseguran
defender, exigen no cerrar en falso
sucesos como el de Vilaró. Si un jefe
de la Policía puede ser víctima
de la arbitrariedad policial, ¿qué
puede esperar cualquier persona
que pretenda ejercer en las calles
sus legítimos derechos de manifestación
y de protesta? ¿De qué seguridad
hablan quienes dicen velar
por la seguridad ciudadana?