“El niño era muy guapo, le pusieron
la ropita y me lo iban a dar, pero dijo
la monja que se lo llevaban a la
incubadora porque le faltaban 50
gramos. Nunca más lo vi. Nació el 9
de diciembre de 1977 en la clínica
Monsalud de Barcelona y lo llevaron
a la infantil Stauros. Pasaron
nueve días y cuando fui a por él había
muerto. No vimos el cadáver.

Cuando me volví a quedar embarazada,
mi médico pidió el informe de
mi hijo. Pero la clínica dijo que no
constaba ese niño allí. Mi suegro me
confesó entonces que cuando visitó
la sala de incubadoras, estaba vacía.
Siempre he creído que me lo robaron,
no supe a dónde acudir. Éramos
muy jóvenes”, cuenta Gemma
M.V., madre de Roger, el bebé dado
por muerto.

Después de leer la información
publicada en el último número de
DIAGONAL sus sospechas cobraron
fuerza. Gemma se ha dirigido al
abogado Fernando Magán que está
al frente de la denuncia de otros casos
similares. Un proceso judicial
abierto en Madrid que continúa. El
juez que lo instruye ha pedido a la
Fiscalía que se pronuncie sobre las
competencias para juzgar, por primera
vez, estos crímenes.

Niños robados

Cruz Martínez, presidenta de la extinta Derecho a Saber, cifra e miles los bebés robados durante el Franquismo. Estos casos no se limitaron a Madrid o Barcelona, existen más en todo el Estado español. En Bilbao se articuló una trama
organizada por Mercedes de Grass con curas y médicos. [ver DIAGONAL nº110].

“Estos hechos son delictivos y perseguibles porque se insertarían en el marco de los delitos del Franquismo, se cometieron por motivos políticos, y son imprescriptibles como crímenes contra la humanidad. Aunque estos delitos no hubieran estado tipificados en España en el momento de su comisión, ya eran perseguibles según el Derecho Penal Internacional, y esta tipificación es válida según el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que sigue al Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950,  que España ratificó en 1979. También es necesario atenerse al Auto de Garzón. Esto ya se ha aplicado en el Caso Scilingo”, reconoce la magistrada Garbiñe Biurrum, presidenta de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco.

Pero el Estado español no ha iniciado todavía
ninguna investigación. “En 1999
presentamos una proposición no
de ley para que los adoptados en la
Dictadura pudieran acceder a sus
datos biológicos. No se aprobó. Los
hechos salpican a la Iglesia y a familias
con mucho poder”, dice Virtudes
Hernández, quien fue sacada
de la inclusa de Murcia (1957) y dada
en adopción a una familia de
Alicante. La gestión la hizo un cargo
de la Iglesia. A su madre le dijeron
que había muerto.

La excusa de las incubadoras

En los ‘60, las madres ya iban a los hospitales a dar a luz. A la maternidad de O’Donnell (Madrid) fue de parto la madre de Mar Soriano en 1964. Se llevaron a su hermana a la incubadora y no la vieron más. No les enseñaron el cuerpo y el doctor Villa certificó una muerte por otitis. Años después, cuando Mar tuvo a su primer hijo y lo llevaron a la incubadora, su madre le dijo: “No lo pierdas de vista”.

“Se sabía que se conseguían bebés
a gentes con dinero. En O’Donnell
en los ‘60 había un grupo de
médicos ultraconservadores, como
José Botella Llusía o Ignacio Villa
Elízaga, entre otros. Sería necesario
ver los niños registrados como
feto o mortinato. La legislación
permitía registrar como feto muerto
al que fallece con menos de 24
horas. Era muy fácil engañar a la
familia: ‘Su hijo nace mal, está en
una incubadora’. A la vez, se ingresaba
a la madre adoptiva por parto,
un ginecólogo firmaba, y ésa
era ya la madre legal y aparentemente
biológica”, señala un médico
de un centro madrileño que no
quiere revelar su nombre.
Ser madre soltera era un estigma.

Muchas mujeres sin recursos, incluso
criadas violadas por el ‘señorito’,
se veían obligadas a dejar temporalmente
a sus hijos en las casas cunas
con la promesa de las monjas de
cuidarlos. Cuando volvían, los bebés
habían muerto. Belén Estevan
nació en 1952. Su madre se quedó
embarazada soltera, y dejó a la recién
nacida dos semanas en la inclusa
de Astorga (León). Cuando
volvió, había muerto. La niña vivía
ya en Alicante con otro nombre. El
nuevo padre era un dirigente de
Izquierda Republicana, represaliado,
pero con prestigio. “Mi padre hizo
un favor a un franquista de León
y éste le dijo: ‘Pídeme lo que quieras’.

Mis padres no tenían hijos y de
la noche a la mañana llegué yo. Una
matrona firmó el parto de mi madre
adoptiva”, señala Belén. A los 16
años su novio le dijo que era adoptada,
entonces fue a Astorga pero la
monja nunca le dio los papeles.
Años después un detective encontró
a su familia en Asturias. “Llamé
y pregunté a mi madre cuántos hijos
tenía: ‘Tres y una niña que murió’.
‘Yo soy esa hija’, le dije, casi se
muere”, relata Belén Esteban.

Las chicas con ‘posibles’ viajaban
lejos. Carmen, que prefiere no revelar
su nombre real, se quedó embarazada
en los ‘70, era menor y su padre,
militar en Canarias, le buscó un
‘arreglo’. Un cura diseñó el recorrido.
De Canarias a Madrid, de ahí a
Granada. Allí ingresó en la residencia
de monjas Villa Teresita. La mayoría
de las embarazadas que había
dejaban a sus hijos, sin firmar consentimiento
alguno. Carmen dice
que el médico que las atendía le propuso
quedarse con el bebé. Se negó.
Entonces, fue trasladada a Valencia,
a punto de parir, e ingresó en una
clínica del centro. La durmieron y
cuando despertó el bebé no estaba.

PADRES AFECTOS
AL RÉGIMEN

Todos los datos apuntan a que
los padres adoptivos de bebés
robados tanto a presas republicanas,
como a mujeres sin filiación
política, eran afectos al
Régimen. Los que manejaban
las tramas también estaban en
la órbita franquista. Muchos
padres cómplices falsificaron
documentos y pagaron importantes
cantidades de dinero.
Además, solían tener una buena
posición económica y un único
descendiente, el adoptado. Los
recién nacidos iban a parar a
militares, médicos, familiares de
las monjas, recomendados de
los curas, políticos e incluso jueces.
El tiempo en las incubadoras
servía para perpetrar el delito.
Los hijos han descubierto
esta maraña después, a los 40,
50 y 60 años en el mejor de los
casos. Las madres biológicas se
han llevado la duda a la tumba.

“ESTAMOS HABLANDO DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD”

Fernando Magán representa a
varias asociaciones de memoria
histórica y a familiares que
piden que se investiguen los
crímenes del Franquismo,
entre ellos los casos de niños
robados. “Como persona,
como abogado y actuando a
favor de estas víctimas, creo
que la Justicia tiene la obligación
de investigar. Si se
demuestra –continúa Magán–
que estos hechos han sido
masivos, que han tenido lugar
en toda nuestra geografía, y
que se han producido al
amparo de la impunidad política
de la dictadura, sólo podríamos
estar hablando de crímenes
de lesa humanidad.

BEBÉS ROBADOS
Hay nuevos casos abiertos en
Bilbao y Madrid, pendientes de
mayor investigación. También
en Barcelona. Otra localización
importante en Cádiz y su entorno,
donde se podría iniciar ya
actuaciones judiciales”. A la
pregunta de si el Estado debe
exigir que se abran los archivos
de la Iglesia donde se
guarda la identidad de miles
de adoptados, Magán responde
afirmativamente. “Los
archivos eclesiásticos son privados,
y por encima de cualquier
consideración, la Iglesia
estaría obligada a abrirlos
para esclarecer hechos que
afectarían a los derechos elementales
de las personas.
Salvo peculiaridades, que se
amparan en el culto, la Iglesia
legalmente no tiene ningún privilegio especial”.