DIRECTIVA IMPUESTA // EL TRIBUNAL EUROPEO ESTUDIA EL PRÉSTAMO DE PAGO EN BIBLIOTECAS
Resistencias a la aplicación del canon

La exigencia de aplicar un canon económico por
cada libro o material prestado en las bibliotecas se
encuentra en manos del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea. La Comisión comunitaria adoptó
la decisión de someter este asunto a un proceso jurídico-
administrativo con el que ha sentado en el
banquillo a España, Italia, Irlanda y Portugal. La
Plataforma de Bibliotecarios y Bibliotecarias contra
el préstamo de pago continúa con sus reivindicaciones
para evitar la aplicación de esta medida.
La ciudadanía también apoya la campaña y más de
400 autores ya han firmado un manifiesto.

29/04/06 · 13:33
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APLICACIÓN DE LA NORMA. En el Estado
español el canon supondría cerca de 13,5
millones de euros, es decir, el 56% del presupuesto
anual para la compra de libros.

Desde que hace dos años la Comisión
Europea expedientara a
España -junto a Luxemburgo,
Italia, Francia, Portugal e Irlanda-
por incumplir la obligación de remunerar
a los autores por el préstamo
de sus obras en bibliotecas,
un colectivo de profesionales del
sector comenzó a movilizarse en
contra de la aplicación de esta norma
(Directiva 92/100/CE). Una de
las acciones principales fue el envío
de una carta al Defensor del
Pueblo Europeo, cuya respuesta
llegó en octubre de 2005. En su escrito,
elaborado tras requerir un
informe a la propia comisión, la
institución explica que ha solicitado
al Tribunal comunitario que decida
si el procedimiento de infracción
abierto está justificado.

La Comisión Europea argumenta
que este impuesto no tiene por qué
recaer en las bibliotecas y que en la
mayoría de los estados lo financian
los poderes públicos correspondientes.
Afirma que “la protección
de los derechos de autor es un requisito
previo a la difusión de la información
y del conocimiento”.
Además, expone que la Directiva
responde a la necesidad de lograr
un equilibrio entre los intereses de
los creadores y de los ciudadanos.

Excepto Francia, que ha aplicado
la normativa tras el expediente,
los otros cuatro Estados sancionados
se encuentran en la misma situación
que nuestro país. De cara
a la resolución del caso, el Ministerio
de Cultura español anunció
su firme postura de no aplicar el
canon. En el supuesto de una sentencia
desfavorable, el organismo
ha expresado su voluntad de minimizar
las consecuencias que provocaría
en las bibliotecas.

La Directiva 92/100 tampoco se
aplica, de momento, en las naciones
recientemente incorporadas a
la Unión Europea, que gozan de
unos altos índices de lectura pero
cuyo nivel económico es inferior a
la media comunitaria. Ana Julia
Salvador, de la Plataforma de
Bibliotecarios contra el préstamo
de pago, afirma al respecto que
“conforme pase el tiempo se verán
obligados a cumplirla”.

Los bibliotecarios opinan que la
aplicación de esta norma repercute
de forma muy negativa. En Reino
Unido, por ejemplo, donde el canon
se paga desde 1993, el volumen
de préstamos se ha reducido
en 157 millones. En Francia también
se han empezado a notar sus
efectos. Según Salvador, “la presidenta
de la asociación de bibliotecarios
franceses nos ha confirmado
que los presupuestos para la
adquisición de libros se han reducido
en un 30% aproximadamente”,
y, añade, “además, la recaudación
no está llegando a los autores
porque, entre otras causas, la distribución
es muy compleja”.

En el Estado español, el establecimiento
del canon supondría
unos 13,5 millones de euros, lo que
equivaldría al 56% del presupuesto
actual anual para la compra de
libros, estimación preocupante si
se tiene en cuenta que la dotación
de las bibliotecas españolas es notablemente
inferior a la de las europeas.
Un dato: en el 2000, en
nuestro país se destinaron 0,67 euros
por habitante para la adquisición
de nuevos materiales. Dos
años antes, la media europea se situaba
en 1,88 euros por persona.
La medida también reduciría el
número de usuarios de las bibliotecas,
ya de por sí escaso: el 20%
de la población, frente al 50% de
media europea.

Reivindicaciones de
autores y ciudadanos

La Plataforma de Bibliotecarios/as
continúa con la difusión de la campaña
“No al préstamo de pago”.
Además de varios actos simbólicos
de calle y recogidas de firmas,
han realizado una exposición divulgativa
itinerante. Ahora están
preparando las terceras jornadas
que reunirán a colectivos de Italia,
Portugal, Francia y países de
Europa del Este.

Asimismo, siguen recogiendo
adhesiones al Manifiesto de los
Autores. Más de 400 ya lo han firmado,
entre otros: Saramago, M.
Delibes, A. Grandes, S. Puértolas,
Darío Fo, J. Marsé... Y es que, pese
a la postura que sostienen las
entidades de gestión de derechos
(Cedro, SGAE) y la Comisión
Europea, el conflicto no se da entre
autores y bibliotecas. Como explica
Salvador: “Nosotros somos
los primeros que pensamos que los
creadores deben estar bien retribuidos
y cobrar sus derechos.
Habrá que evaluar cómo se están
distribuyendo los beneficios derivados
de las ventas, pero nunca de
la lectura. No se puede aplicar un
impuesto que grave la lectura”.

En este sentido, las sociedades
gestoras, bajo el argumento de proteger
los derechos de autor, lo que
defienden es el derecho de copia,
ya que éstas reciben un canon por
cada reproducción de las obras.
Así, en 2004 CEDRO obtuvo 26 millones
de euros en ganancias.

En definitiva, señala Salvador,
“lo que está en juego es el servicio
público frente a esta sociedad mercantilista
de privatizar y sacar dinero
por todo”. Según otros representantes
de la plataforma de bibliotecarios,
además de lo que esta medida
afecte a las bibliotecas en el plano
material, la directiva da un paso
más en la creciente capitalización
del conocimiento, y, más que favorecer
el desarrollo cultural, consolida
otra cultura: la del beneficio.

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