VALLADOLID/ LOS CONSEJOS ESCOLARES NO TIENEN POTESTAD PARA SUPRIMIRLOS O MANTENERLOS
El primer juicio por la presencia de crucifijos en la escuela pública puede marcar un precedente legal

La Asociación Cultural Escuela Laica (ACEL) de
Valladolid ha promovido la primera denuncia judicial
por la presencia de símbolos religiosos en la escuela.
La sentencia se hará pública en el mes de febrero.

01/02/07 · 0:00
Edición impresa
JPG - 22.4 KB
COLEGIO PÚBLICO
MACÍAS PICAVEA./Fernando Pastor

Todos los medios y cámaras pudieron
entrar en la sala del Tribunal de
lo Contencioso-Administrativo nº1
de Valladolid el pasado 24 de enero.
La ACEL ha seguido la lucha hasta
el final y ha defendido ante los tribunales
el principio de neutralidad y la
libertad de conciencia del alumnado
que no profesa la religión católica,
apelada por dos madres y dos padres
del colegio Macías Picavea en 2006.

El Estado español es aconfesional
y la retirada de crucifijos e imágenes
religiosas de las aulas se ampara en
el marco constitucional. El conflicto
legal llega con el artículo 27.2 de la
Constitución Española, que menciona
el “deber de cooperación de los
poderes públicos con las distintas
confesiones religiosas, en especial,
con la Iglesia católica”. Sin embargo,
esa cooperación tiene unos límites
en la propia Constitución: “No puede
violar los principios de igualdad,
aconfesionalidad y neutralidad, y no
puede suponer la promoción de una
creencia determinada”.

Para la profesora de Derecho Eclesiástico
del Estado Mª Cruz Llamazares
(U. Carlos III de Madrid) no cabe
duda de que los crucifijos encima
de todas las pizarras son un símbolo
de adoctrinamiento y dan un estatus
de normalidad y prioridad a una
creencia frente a todas las demás.

La vertiente “secular” del crucifijo
no ha sido reconocida por la jurisprudencia
española, por más que la
Iglesia y, en este juicio, la Junta de
Castilla y León alegara la
Sentencia del Tribunal Supremo
que negó la retirada de una virgen
María en el escudo de la Universidad
de Valencia, anulada en
1991 por el TC (ver cronología);
un hecho que se agrava al haber
alegado un párrafo inexistente.

Además, antes de llegar a juicio,
la Junta intentó que se archivara el
caso por defectos de forma. La juez
del caso las desestimó todas y recordó
que si alguien había incumplido
los plazos había sido la propia
Consejería de Educación, que tenía
tres meses de plazo para recurrir el
recurso de alzada que ACEL interpuso
hace un año (el trámite que daba
fin a la vía administrativa; ver
DIAGONAL nº 26).

Fernando Pastor, portavoz de
ACEL, asegura que “en ningún momento
la Junta ha dado argumentos
de fondo que defiendan la legalidad
de que los crucifijos presidan
las aulas”. La Administración local
esgrime que la competencia es de
los consejos escolares (CE), al entender
los crucifijos como equipamiento
escolar, como si fueran
mesas o estanterías. “Nadie se va a
pegar con nadie porque quites una
silla”, contesta Pastor.

Una competencia dudosa

Un día antes del juicio, el consejero
de Educación Javier Álvarez Guisasola
(PP), daba públicamente a los
consejos escolares la potestad de
suprimir o mantener los símbolos
religiosos. “Si un tema ideológico
es competencia de un CE, éste podría
decidir que sustituye la bandera
española por la republicana”,
asegura Pastor.

Ni la LOE ni ninguna reglamentación
anterior especifican la competencia
para decidir sobre esta
cuestión. Ante el vacío legal, cabe
pensar que este juicio podría crear
jurisprudencia. “El CE no puede
abordar cuestiones de tipo ideológico
porque en un momento determinado
puede estar constituido
por personas contrarias a la
Constitución y además habría que
consultar cada dos años, el periodo
habitual de renovación de los
Consejos”, asegura a DIAGONAL
Francisco Delgado, uno de los diputados
constituyentes y hasta hace
escasos meses miembro del Consejo
Escolar del Estado. “Estamos en
un país que sigue secularizándose
y a medio plazo este tipo de cuestiones
terminará, como ya ha pasado
en muchos centros educativos
de titularidad pública del Estado.
Ahora hay resquicios donde existen
personas integristas que quieren
mantener signos del pasado”,
concluye Delgado.

La ACEL no ha pedido apoyo a
otros colegios porque “nadie tiene
la obligación de declarar sobre su
ideología”. Consideran que no depende
de mayorías o minorías,
puesto que afecta a unos derechos.
No obstante, el pasado octubre el
colegio público Isabel la Católica de
Valladolid recibía también la petición
de dos familias para retirar los
símbolos religiosos de las aulas.

Las alegaciones expuestas en la
vista del 24 de enero no son nuevas y
no son la única voz que denuncia la
dejación de las administraciones. La
Asociación Europa Laica ha enviado
escritos a las Consejerías de Educación
y seguirá reivindicando que
en los centros públicos se eliminen
los signos ideológicos-religiosos.

Al cierre de esta edición, no se ha
hecho pública la sentencia. Todos
los indicios apuntan a que el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo fallará
a favor de ACEL. Siendo favorable,
la sentencia sólo podrá llegar
a decir que se deben quitar los símbolos
religiosos en los colegios públicos
donde haya una petición. Si la
sentencia falla en contra, la ACEL
está dispuesta a recurrir y llegar al
Tribunal Constitucional.

Tags relacionados: Valladolid Iglesia católica
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0

separador

Tienda El Salto