MILIKITO. Presidente de La Sexta, durante
las jornadas organizadas por UTECA.

Una de las patatas calientes que tiene
el Gobierno encima de su mesa es
la aprobación de la nueva Ley General
Audiovisual. Una ley que encontrará
múltiples oposiciones por la
complejidad del sector, la falta de regulación
que ha regido hasta ahora y
la importancia histórica del momento,
con la entrada de la Televisión
Digital Terrestre (TDT) y la pujanza
de internet. Desde la Unión de Televisiones
Comerciales Asociadas
(UTECA), patronal de los grandes
medios del sector, se reclama una ley
de carácter estatal que regule y uniformice
la maraña de leyes que han
regido hasta ahora. El modelo peligra,
y el Gobierno corre a su rescate.
Se empieza a hablar de la “burbuja
mediática” y algunos síntomas se
han visto en los últimos días. Por un
lado, la renuncia de Localia a las concesiones
que consiguió en TDT, antes
incluso de iniciar las emisiones;
por otro, la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid que
anulaba el concurso realizado por el
ejecutivo de Esperanza Aguirre. A
esto se suma la polémica sobre los
consejos audiovisuales allá donde los
hay: se discuten las competencias
que debieran tener. Y por último, la
promesa de la vicepresidenta Mª
Teresa Fernández de la Vega, de reducir
a nueve minutos por hora la publicidad
en RTVE para 2009, se presenta
como la primera medida del
Gobierno para evitar el colapso en el
sector. También se ha invitado a las
grandes cadenas a discutir, en reuniones
semanales, el anteproyecto
de Ley General Audiovisual que el
Gobierno quiere tener listo para su
debate parlamentario en abril.
Los problemas vienen derivados
del llamado ‘reparto del pastel’ publicitario.
Han aparecido nuevos
soportes y ‘pantallas’ para la inserción
de publicidad, la ampliación
de la oferta televisiva con la TDT y
las plataformas de satélite y de banda
ancha. Pero al sombrío panorama
de la reducción de ingresos publicitarios,
se le ha sumado ahora
la crisis que ya ha supuesto la reducción
de los ingresos en las principales
cadenas. Fernández de la
Vega ha lanzado la idea de que la
nueva ley debe durar al menos tres
lustros, pero se ha cuidado en remarcar
que la negociación debe
darse “con espíritu de consenso y
de manera coordinada y respetuosa”
para evitar así la bronca que podrían
montar algunas empresas del
bando amigo o enemigo.
Los encuentros entre Gobierno y
operadoras abordarán los problemas
de viabilidad económica de las televisiones
y radios, el control de los contenidos
a través de los consejos audiovisuales,
la financiación al cine
europeo, la aprobación del pago por
visión en la TDT y la cuestión de la
alta definición. Igualmente, se tendrán
que regular las nuevas formas
de difusión de contenidos audiovisuales
en internet, teléfonos móviles
o la señal de los satélites. En las discusiones
entre operadoras de radio y
televisión y el Gobierno, no ha entrado
la fórmula de gestión “sin ánimo
de lucro”, pese a que desde estos sectores
también se reclama una regulación
de su actividad, un reconocimiento
legal y una reserva de frecuencias
necesaria para la supervivencia
de proyectos comunitarios.