“Continuaremos con nuestros esfuerzos
para mejorar la habilidad
de prevenir, investigar y procesar
estos delitos atroces contra los niños”,
asegura el documento conjunto
de los responsables de las carteras
de Justicia e Interior de Japón,
Italia, Canadá, Francia, Estados
Unidos, Reino Unido, Rusia y
Alemania. Nada puede hacer dudar
de las buenas intenciones de los
ocho ministros más justicieros del
mundo, salvo un discreto y
anodino párrafo inferior en el que
vaticinan una “colaboración más
estrecha de sus autoridades legales,
proveedores de servicios y otras organizaciones
civiles” para evitar los
delitos a través de internet.

Desde otoño de 2007 se temía
que esta última cita del G-8 en
Japón se ocupase, entre otras cosas,
de gestar lo que los internautas
más desconfiados bautizaban ya
como la “policía del copyright”. La
alarma cundía en mayo de 2008,
con un par de artículos de Vito
Pilieci en sendas publicaciones canadienses.
Pilieci alertaba de las intenciones
de su Gobierno de abordar
en Japón la creación de un sistema
transnacional de vigilancia
fronteriza para controlar, nada más
y nada menos, el contenido de sistemas
digitales o electrónicos de almacenamiento
de datos. En otras
palabras: un funcionario de aduanas
podría entrar en nuestro portátil
para comprobar qué nos ‘bajamos’
del eMule o escuchar nuestro
iPod para salvaguardar las leyes internacionales
de copyright.

El supuesto preacuerdo, que debería
ser ratificado en el país del
sol naciente, aspiraba a crear un
“organismo regulador internacional
que podría convertir a los guardias
de fronteras y demás funcionarios
de seguridad en policías del
copyright”. Estos vigilantes de gadgets
tendrían la labor de inspeccionar
portátiles, mp3, llaves USB, teléfonos
móviles, CD, DVD y cualesquiera
otros soportes susceptibles
de violar en algún momento
los derechos de autor de alguien,
en algún lugar del mundo.
El Acuerdo Comercial contra la
Falsificación, ACTA por sus siglas
en inglés (Anti-Counterfeiting
Trade Agreement), ya habría sido
asumido por la Comisión Europea,
Estados Unidos, Japón, Suiza,
Australia, Nueva Zelanda, Corea
del Sur, Canadá y México. La
mayoría de estos países, presentes
en la cita del G-8 en Japón.
Todas estas medidas tendrían un
objetivo aparente muy claro, combatir
la piratería y las falsificaciones,
pero la declaración de los ministros
de Justicia del G-8 apenas
menciona las palabras ‘internet’ o
‘copyright’. Entonces, ¿cómo se
anuncia una nueva medida de vigilancia
contra el libre intercambio
de información en una sociedad tan
sensibilizada ante los polémicos
abusos de la industria?
Las palabras que más han resonado
en los teletipos tras la cumbre
ministerial han sido ‘terrorismo’
y ‘niños’. ¿Para anunciar más
duros controles en los aeropuertos
y convertir un mp3 en un artefacto
sospechoso?

“Estamos profundamente preocupados
no sólo por los actos
cometidos por organizaciones terroristas,
sino por la creciente tendencia
en muchos países que lleva
a individuos no afiliados a ninguna
organización a radicalizarse y a cometer
actos terroristas […] Continuaremos
con nuestros esfuerzos
para mejorar la habilidad de prevenir,
investigar y procesar estos delitos
atroces –pornografía infantil–
contra los niños […] y se establecerá
una colaboración más estrecha
de sus autoridades legales, proveedores
de servicios y otras organizaciones
civiles” para evitar los delitos
a través de internet.

Ya en el discurso de apertura de
la Cumbre, el ministro anfitrión,
Shinya Izumi, se había encargado
de sembrar las suspicacias habituales:
“La delincuencia organizada
transnacional está siendo perpetrada
a escala mundial debido a
la expansión de actividades económicas
y sociales, así como al
desarrollo y difusión de tecnologías
de información y comunicación,
como internet”.

Las reuniones bilaterales paralelas
–como la de Francia con Japón–
se encargaron de definir, negro sobre
blanco y a puerta cerrada, los
pormenores de la iniciativa que
aguarda sobre la mesa la llegada a
Sapporo de los presidentes y primeros
ministros de los ocho países
más industrializados del planeta.
Una vez más, el orwelliano pretexto
de la guerra contra el terrorismo,
la pornografía infantil y el
narcotráfico habrá servido para
añadir otra presunción de culpabilidad
a la onerosa tarea de embarcar
en un avión con auriculares
en las orejas.

El documento de cuatro páginas
filtrado inicialmente y que preconfigura
el ACTA puede consultarse
en http://wikileaks.org/leak/actaproposal-
2007.pdf