La adjudicación en noviembre de
83 emisoras de radio por parte del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
(CAC) ha estado rodeada de
una fuerte polémica, que ha contado
con gran repercusión mediática.
Las empresas que no consiguieron
emisoras como Unedisa
(El Mundo) y la COPE, se refirieron
al reparto como “veto nacionalista”,
“cierre de emisoras”, “ataque
a la libertad de expresión”.

Mientras, el partido Ciutadans realizaba
una manifestación “contra
la censura política” frente a la sede
del CAC, lugar que también fue
objeto de ataques con piedras e incluso
de espionaje por medio de
micrófonos ocultos. Era la primera
vez que un consejo audiovisual, y
no el Gobierno de turno, adjudicaba
licencias para radios.

Desde su llegada al Gobierno, el
PSOE tiene en su agenda la creación
de un consejo audiovisual.
Incluso cuenta con un anteproyecto
de Ley preparado desde 2005,
pero su aprobación, junto con la
de la Ley General Audiovisual, se
ha ido retrasando.

Ahora, la llegada del apagón analógico
en 2010 y la aprobación de la
Directiva Europea de Servicios Audiovisuales
obliga a abordar durante
2009 la reforma audiovisual que
no fue realizada por el Gobierno durante
la anterior legislatura. Esto
implica la aprobación de una Ley
General Audiovisual y una Ley que
regule el funcionamiento de los
consejos audiovisuales.
La directiva europea obliga a los
estados de la UE a contar con una
autoridad audiovisual que vele por
los contenidos televisivos, pero no
establece mucho más respecto a
sus competencias. Mientras, las recomendaciones
del Consejo de Europa
y el modelo adoptado por diversos
países europeos, se refieren
a consejos con competencias como
las que tiene el CAC. Así, el debate
parlamentario y mediático durante
la tramitación en 2009 de la Ley del
Consejo Audiovisual, se centrará
en sus competencias y si éstas deben
recoger, además de la supervisión
de contenidos, la adjudicación
de frecuencias, su renovación o la
aplicación de sanciones en caso de
incumplimiento de la normativa audiovisual.
Los grandes grupos de comunicación,
con su particular visión de la
“libertad de expresión y de empresa”,
se muestran especialmente preocupados
por la implantación de estos
consejos independientes y presionan
para que sean lo más “descafeinados”
posible, quedando las adjudicaciones
en manos del Gobierno
de turno. El CAC está siendo la cabeza
de turco donde las empresas de
comunicación están lanzando sus
dardos con el objetivo de desacreditar
este tipo de organismos. Mientras,
tribunales de todo el Estado tramitan
cientos de recursos por las adjudicaciones
de radio y TDT realizados
por los gobiernos autonómicos
en los últimos diez años. Una muestra
es la reciente sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
que anula el polémico reparto realizado
por la Comunidad en agosto de
2005 (DIAGONAL nº23 y nº47). No
es la primera sentencia que cuestiona
cómo realiza las adjudicaciones la
Comunidad de Madrid, que, en este
caso, ha aceptado la sentencia. Aunque
todavía es una incógnita lo que
pasará con el reparto de radio en FM
que está pendiente de resolver.

Diversos sectores (organizaciones
sociales, académicos, etc...) reclaman
la necesidad de organismos
independientes que pongan fin a la
arbitrariedad y opacidad con la que
los gobiernos (central y autonómicos)
adjudican las frecuencias. La
experiencia de los consejos existentes
(Cataluña, Navarra y Andalucía),
formados por ex parlamentarios
o personas afines a los diferentes
partidos, muestra también claroscuros
sobre este modelo de gestión.
¿Cómo garantizar entonces
que exista independencia?