ciencia // la “carta por la ciencia”, ignorada
Oídos sordos al clamor contra los recortes

El Gobierno deja en manos de la inversión privada el posible repunte de la financiación en I+D+i.

, Madrid
05/07/13 · 9:00
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EN DEFENSA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Manifestación el pasado 14 de junio, secundada por miles de personas / Daniel Rozas

El día 14 el conjunto del colectivo científico presentaba la segunda Carta por la Ciencia, que venía acompañada de cuarenta mil firmas y arropada por la mayor manifestación conocida en defensa de la investigación científica pública en el Estado español, que finalizó en la sede del Ministerio de Economía y Competitividad. Lo sucedido al terminar la marcha es un ejemplo paradigmático del interés gubernamental por la I+D+i. No hubo recepción protocolaria del escrito, ya que el ministro De Guindos se encontraba en el extranjero y Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, dio prioridad a un acto con miembros de la Casa Real.

En la puerta del Ministerio, la comitiva de bienvenida era distinta de la esperada. El responsable de seguridad del Ministerio, junto a varios agentes de la Guardia Civil, impidieron el acceso de la prensa al acto simbólico de presentación de las firmas, por lo que los convocantes decidieron, en respaldo de la libertad de información, no entregarlas y dejar pegado un sobre con las cuarenta mil firmas, rotulado como “la carta”, en la puerta del Ministerio.

“La ciencia debe pasar de ser contemplativa a ser competitiva y estar al servicio de nuestro sistema económico”

Cuatro días después, los diez puntos de la Carta por la Ciencia se presentaban a debate en el Congreso. La respuesta del grupo parlamentario popular fue anunciar que deja en manos de la inversión privada el repunte esperado para la financiación en I+D+i, añadiendo que “la ciencia debe pasar de ser contemplativa a ser competitiva y estar al servicio de nuestro sistema económico”.

Para los jóvenes investigadores que se encontraban en la tribuna de invitados del Congreso, el rechazo sumaba un punto más al ultraje de su dignidad. En el control de seguridad de entrada, al percibir los agentes que los jóvenes portaban camisetas con el lema “sin ciencia no hay futuro”, fueron sometidos, según expresaron los propios científicos, a “exhaustivos cacheos, incluso obligando a desnudarse por completo a un compañero”. El hecho fue denunciado como “trato vejatorio” por el grupo parlamentario del PSOE, pero fue negado por los responsables de la cámara, según informó la agencia EFE.

Por y para el mercado

Al día siguiente, 19 de junio, comparecía Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, en la comisión del Ministerio de Economía en el Congreso. Vela explicó su gestión en el último año y medio, en el que la ciencia ha quedado relegada a Secretaría de Estado bajo los designios del Ministerio de Economía. En este período ha sufrido un recorte del 31% del presupuesto, en el que ha sido determinante la intensa intervención por parte del Ministerio de Hacienda en el flujo de su financiación.

En palabras de Alberto Garzón, del grupo parlamentario Izquierda Plural, la secretaria de Estado presentó “un mundo que no tiene nada que ver con el resto”. Según Miguel Ángel Cortizo, del grupo socialista, “Vela ha cruzado el espejo y está en el país de las maravillas”.

Carmen Vela trató de alabar las actuaciones de su Secretaría de Estado y excusó las medidas adoptadas en el marco de “un país con problemas”. Vela declaró que “la investigación científica debe ser competitiva y proveer riqueza, ése es el último objetivo de la ciencia”. Esta idea va en consonancia con el reciente anuncio del ministro De Guindos, que busca poner la I+D+i al servicio de las necesidades del mercado, dejando en manos de la financiación privada la responsabilidad de alcanzar el objetivo europeo de inversión en ciencia del 2% del PIB para el año 2020, siendo la inversión pública actual del 0,6%.

A día de hoy no ha llegado la financiación de los proyectos del Plan Nacional de Investigación a los laboratorios y gran cantidad de los programas de contratos y becas aún están por entregar a los investigadores, que temen un nuevo retraso hasta después del verano. Tampoco se puede obviar el déficit presupuestario de al menos cien millones que tiene el Consejo Superior de Inves­tiga­ciones Científicas, que hace peligrar las nóminas de septiembre y que puede obligar a cerrar temporalmente centros de investigación o a que permanezcan abiertos sin ascensores o aire acondicionado.

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